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"Con la pasión y la creatividad del poder civil" (Por Luis Alberto Romero)

Publicado en LA NACIÓN

En la Argentina existen hoy unas 100.000 asociaciones solidarias. En ellas, dos millones de voluntarios despliegan su acción solidaria en todo el país, paliando males, tapando agujeros y proponiéndonos, de manera práctica, caminos diferentes para la sociedad y la política. Alguna vez -quizá pronto- un gobierno encarará el problema de la pobreza, que desafía la razón y la moral. Será la madre de las batallas. Sólo se avanzará si un Estado reconstruido articula su acción con esa fuerza social tan poderosa como dispersa, usualmente conocida como el Tercer Sector. Pero al hacerlo, deberá cuidar de no afectar algunas de las características más importantes de estas organizaciones, como la espontaneidad, la flexibilidad y su intuitivo saber táctico. Algunas referencias históricas ilustran la importancia de esta concertación y los problemas que involucra.

Hacia 1870 la Inglaterra victoriana contaba con una densa red de asociaciones solidarias o filantrópicas, animadas por grupos de las clases medias con fuertes convicciones religiosas y morales. Diversas ligas o sociedades impulsaban el sufragio, la educación y la vivienda popular, y combatían el alcoholismo, la prostitución o la pena de muerte. Necesitaban hacerse oír en el Parlamento, que las ignoraba, e influir sobre el Estado, y decidieron ingresar en la política. Se incorporaron al partido Liberal, lo dotaron de una base de activistas y le imprimieron un fuerte tono moral y reformista, mientras aprendían a negociar y a acordar programas complejos. El partido Liberal inició entonces el reformismo social, profundizado durante la Primera Guerra Mundial por Lloyd George. En 1945 el partido Laborista, surgido del Liberal, giró hacia el Welfare State o Estado de Bienestar. Hoy hay opiniones diversas sobre este final.

El caso argentino fue distinto. En 1852, después de Caseros, un Estado en construcción, apenas esquemático, delegó en distintos grupos de la sociedad civil la organización, la gestión y hasta el financiamiento de distintas áreas de su incumbencia. Un caso notable es el de la Sociedad de Beneficencia, recientemente reconstruido por Valeria Pita. Las damas de la Sociedad se hicieron cargo de la parte femenina del mundo de los necesitados y dirigieron el Hospicio de Mujeres, el Colegio de Huérfanas y otros institutos. Tres décadas después, al sancionarse la ley de Educación, entregaron al gobierno casi cien escuelas de niñas en perfecto funcionamiento; por entonces habían transformado el Hospicio -un depósito de mujeres marginales- en un moderno Hospital de Mujeres Dementes. Las damas demostraron una notable capacidad para organizar hospitales, escuelas y asilos, y para reunir fondos; recurrieron a los mejores especialistas y, sobre todo, desplegaron un inusual talento político para hacerse un lugar, casi inexpugnable, en un mundo masculino.

Paralelamente, con la inmigración masiva se fueron generando miles de asociaciones voluntarias, para ayudarse y ayudar a los otros. Con Hilda Sabato y Roberto Distefano bosquejamos esta historia notable. Florecieron mutuales, cooperativas, bibliotecas populares y sociedades de fomento que transformaron terrenos baldíos en fragmentos de ciudad. Entre los principales emprendedores de entonces se encontraban los socialistas y los curas párrocos, como Lorenzo Massa.

Sobre esta sociedad múltiple y plural fue avanzando, a lo largo del siglo XX, un Estado consolidado, preocupado por reglamentar y encuadrar. Muchas de aquellas instituciones fueron incluidas en su órbita, a veces de mala manera, como ocurrió en 1946 con la Sociedad de Beneficencia. En otros casos avanzó sobre la libre iniciativa, concediendo franquicias exclusivas: desde 1936 en Buenos Aires sólo se reconoció una sociedad de fomento por barrio, criterio que desde 1944 se aplicó a los sindicatos. Con la centralización se aspiraba a universalizar y democratizar los derechos y a fijar prioridades colectivas, de una manera parecida pero diferente de la del Welfare State. Por ejemplo, la ley de Obras Sociales de 1970 -nos dice Susana Belmartino- entregó una dádiva a los sindicatos y consagró un sistema de salud desigual.

Aquel Estado potente se desarmó desde mediados de 1970, mientras se constituía el actual mundo de la pobreza. Desde entonces el Estado es incapaz de gestionar y aún de imaginar políticas universales, y se limita a acudir allí donde estalla un incendio. Cuando tiene dinero, lo canaliza a través de organizaciones no gubernamentales que pueden gerenciar la ayuda, o de la red política, para facilitar la formación de clientelas electorales.

En este contexto de deserción del Estado ha vuelto a florecer el asociacionismo civil. En 2001 hubo una explosión. Hay uno más espontáneo, impulsado por las necesidades de supervivencia, similar al de 1920, y otro originado en la voluntad solidaria de modernos emprendedores sociales, con apoyo de instituciones religiosas, fundaciones o empresas. Los límites de estos dos ámbitos son imprecisos, como también los que separan a algunas de ellas de la política.

Las organizaciones voluntarias tienen tradiciones diversas y difieren en los fines mediatos e incluso en los medios. Pero si descartamos aquellas ligadas a la política o al lucro, todas comparten una idea generosa acerca del bien común o el interés general. Todas aportan capacidades singulares para actuar en un mundo con muchos pobres y poco Estado. Saben cómo movilizar y generar compromiso y son creativas para identificar los problemas concretos, elaborar estrategias y modos de acción y aprovechar recursos crónicamente escasos. Su debilidad reside en la sustentabilidad, pues muchas son tan efímeras como las revistas literarias. Ante un problema de magnitud, como la pobreza, su capacidad de acción está condicionada por su fragmentación.

Hoy muchas se reúnen alrededor del Foro del Sector Social y del Diálogo Ciudadano, mientras que una confederación aspira a dar una voz al conjunto heterogéneo. Por allí han de pasar sus objetivos inmediatos: instalar sus temas en la agenda de la sociedad y la política y vincularse con el Estado que, como se les ocurrió a sus similares ingleses, puede potenciar el alcance de sus acciones, aunque también puede ser un socio peligroso.

La reconstrucción del actual Estado es algo indispensable para encarar un programa de reintegración social factible. Pero aun con toda su burocracia y sus dependencias funcionando, el Estado no podría hacerlo solo. Necesita movilizar y orientar a este ejército de buenas voluntades de la sociedad civil, apelando a una dimensión estatal importante: lo que Durkheim llamó la capacidad para promover la reflexión de la sociedad sobre sí misma.

El vasto proceso de circulación de ideas e iniciativas que imaginó Durkheim transcurría entre el polo estatal y el conjunto de los actores de la sociedad civil, como estas asociaciones. Durkheim escribió esto a principios del siglo XX, cuando el Estado nación estaba en su apogeo. Hoy debemos imaginar una relación mucho más flexible y equilibrada, donde el Estado y los actores sociales compartan un rumbo general pero desarrollen estrategias diferenciadas y tácticas múltiples, difíciles de planificar a priori. Dicho en otras palabras, la enorme riqueza de la sociedad civil deberá ser encauzada y a la vez preservada por este Estado pensante. El nuestro, hoy, no puede hacerlo. Se parece mucho más al de 1850 que al de 1950, aunque los intereses establecidos en la sociedad son mucho mayores, y la fuerza que se necesita para reacomodarlos es mucho más grande. El Estado y su conducción política deben ser a la vez potentes, flexibles y regulados.

Al igual que las inglesas en 1870, el mundo de las asociaciones hoy debe entrar en la política y hacer una contribución, para movilizar a la opinión e interpelar a los políticos, que suelen ser un poco autistas. El premio de este esfuerzo será doble: iniciar el proceso de reconstrucción de la sociedad y, simultáneamente, encarnar en ella una manera participativa y democrática de resolver sus problemas.

"La concepción autoritaria en el nuevo Código" (Por Norma Morandini)

Publicado en LA NACIÓN

Si la vida es cambiante, múltiple y por eso contradictoria, ¿cómo debe ser el derecho que debe regularla sin aprisionarla, fiel a los nuevos tiempos de libertad y dignidad consagrados como derechos humanos en nuestra Constitución reformada de 1994 y tan enarbolados como propaganda política? Con ese espíritu y aquel interrogante me acerqué a la Comisión Bicameral de Unificación de los Códigos Civil y Comercial, constituida para lo que se presentó, desde el inicio, como una gesta histórica para modificar el Código Civil que nos rigió a lo largo de más de cien años y que le da forma jurídica a la vida con los otros: cómo nos casamos, cómo heredamos, cómo nos relacionamos comercialmente, cómo desafiamos a la naturaleza, cómo morimos. Y si la vida, para ser digna y libre, debe sustentarse sobre la responsabilidad, el Código establece las obligaciones con los otros desde que nacemos hasta que morimos, ahora que los tiempos tecnológicos alteraron lo que antes se interpretaba como leyes naturales o biológicas y liberaron la vida de las imposiciones religiosas o jurídicas.

Si, como dicen los filósofos del derecho, "nada humano puede ser considerado ajeno al derecho", temas tan profundos que ponen en cuestión la misma condición humana no pueden ser reducidos por la mayoría legislativa que impone una visión ideológica por sobre las que existen en la sociedad.

La riqueza de la democracia es que todos somos igualmente competentes para la vida política. Por eso, frente al debate del Código , no me pareció un impedimento no ser abogada y vi una oportunidad única de aprendizaje sobre las relaciones del derecho y esa vida cambiante, fácil de reconocer en las nuevas formas de familia. Esperé que la libertad y la dignidad de la persona estuvieran en el centro del debate jurídico parlamentario. Ambicioné una discusión pública en torno a todas las dimensiones de la vida, no sólo las patrimoniales o comerciales, a las que el derecho debe atender. Imaginé argumentos desde la bioética que nos ayudaran a resolver los dilemas que plantea la manipulación genética o el derecho a la identidad de los donantes, tal como fue manifestado, en un sentido o en otro, a lo largo de las audiencias públicas. Sin embargo, prevalecieron la presión en los despachos y la cultura política de cambiar votos por favores.

Paradójicamente, lo que se presentó como una gesta jurídica y consumió la mejor energía de tantísima gente que aportó su saber para impregnar el Código con el aroma de los derechos humanos terminó herido y distorsionado por la exclusión de la responsabilidad del Estado. Un debate que pareció doctrinario, pero, en realidad, se tornó político, ya que poner al funcionario del Estado por encima del ciudadano remite a una concepción autoritaria, como la de los tiempos en los que un periodista podía ser condenado por desacato si denunciaba la corrupción de un ministro.

Si los delitos de los funcionarios siempre afectan a la ciudadanía, ya sea por la corrupción o por la omisión, al debatir en torno de la exclusión de la responsabilidad del Estado, ¿cómo sustraerse a los escándalos nuestros de cada día, denunciados por la prensa, algunos investigados por comisiones parlamentarias y la mayoría adormecidos en los despachos de la Justicia?

La exclusión de la responsabilidad del Estado como concepción política va de la mano con aquella que interpreta a la información periodística como delito; no se ha incorporado al Código la doctrina de la real malicia, para evitar que se confundan las denuncias contra la deshonestidad de un funcionario con ofensas al honor, y la amenaza de la reparación civil no actúe como censura encubierta. Si las sanciones penales inhibían la libertad de informar, las sanciones civiles no deben actuar como un reemplazo de la legislación que condenaba la calumnia y la injuria, derogadas por este gobierno a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es fundamental que quienes deben servir a la sociedad informen con libertad, sin miedo a las represalias, para fortalecer el debate democrático. En protección al bien supremo de la libertad de expresión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos aconseja que quien acusa al periodista sea quien deba demostrar que hubo una real intención de dañar, y que cuando se afecte el honor o la intimidad de una persona la reparación civil no se confunda con una sanción, ya que el deber de informar no es un delito y la reparación alude a la responsabilidad como la única limitación al privilegio de hablar por los otros. De modo que la responsabilidad es un valor inherente a las obligaciones que tenemos con los otros. El Estado no debe tener coronita en una sociedad democrática. La industria del juicio, invocada por el oficialismo para excluir la responsabilidad de los funcionarios públicos, se corrige con idoneidad, eficacia y decencia. No con garantías de impunidad.

Y como de responsabilidades se trata, el frustrante final, lejos de consagrar derechos que abarquen todos esos cambios, ha puesto en cuestión la responsabilidad misma del legislador. Frente a las transformaciones que justifican e impulsaron la propuesta del nuevo Código Civil, lo que no parece cambiar es la cultura política del trueque, que confunde consenso con arreglos en los despachos, sustituye el debate parlamentario por una ficción de participación y cancela la auténtica construcción democrática. Se trataba de armonizar las diferentes miradas e intereses que conviven en una sociedad que aspira a que las normas no se le impongan autoritariamente y que el Estado, lejos de ponerse por encima de los derechos de la ciudadanía, sea su garante y protector.
Stefano Rodotá, gran pensador del derecho, critica al legislador de nuestros días por su distancia y lejanía en relación con aquellos a quienes están destinadas las normas, los ciudadanos. En cambio, elogia a los constituyentes italianos de 1947 porque "eran cultos, porque estaban alejados de toda vileza y de la influencia de espíritus cerriles aferrados a las prerrogativas parlamentarias, no rehuían a las cuestiones del derecho y las limitaciones de la ley, que les obligaban a ir más allá de cualquier dogma político o jurídico".

"ANALFABETOS CÍVICOS" (Por Marie Louise Martin y Sofía Laferrère-FUNDAEDU)

Publicado en Carta de lectores LA NACIÓN 12 de Septiembre 2013

El resultado de la encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano no hace más que confirmar lo que la Fundación Americana para la Educación tuvo en cuenta cuando resolvió en 2008 poner en marcha el programa Chau Indiferencia/Ahora la Constitución.

A pesar del desinterés y el escaso apoyo financiero que se recibe, se imprimieron y distribuyeron 500.000 ejemplares de bolsillo de la Constitución, folletos, un libro de cuentos para 16.000 alumnos de primaria, con referencias a artículos de la Carta Magna y guías y material consultivo para padres y docentes. En la página web ( www.chauindiferencia.org.ar ) se brinda abundante material informativo y de consulta, todo ello complementado en tiempos electorales con la campaña Cuidá tu Voto.

Nuestros materiales se utilizan en zonas urbanas y rurales de todo el país y en acciones comunes con otras organizaciones. Este año Cuidá tu Voto repartirá folletos traducidos al wichii y al qom, con el apoyo de la Cámara Nacional Electoral.

Pero no es suficiente. Los resultados de este esfuerzo cívico merecen ser tenidos en cuenta y el empeño respaldado, para que, en la escala necesaria, se llegue a un mayor número de ciudadanos, a fin de revertir una realidad tan preocupante como la que refleja la información citada.

Marie Louise Martin
Sofía Laferrère
Fundaedu@fundaciónamericana.org.ar

La reforma judicial efectiva. (Por Por Iride Isabel María Grillo*)

Isabel Grillo propone debatir, sin forzar lo que establece la Constitución. La jueza reflexionó sobre algunas de las reformas que se proponen al sistema federal de justicia, que afectan a las medidas cautelares y al Consejo de la Magistratura. Dijo que prefería un mayor debate público, previo al tratamiento legislativo, y destacó la necesidad de no forzar lo que dice la Carta Magna.

“Todo lo que sea participación ciudadana fortalece la democracia, pero no forcemos lo que dice la Constitución”, señaló la jueza Grillo en declaraciones a radio Libertad al responder una consulta sobre la reforma judicial.

Tras aclarar que lo que se debatirá en el Senado es una legislación que se aplica para la Justicia Federal, y que no están dirigidas a la Justicia de las provincias, propuso que la ciudadanía compare lo que establece la Constitución Nacional y lo que mandan los tratados internacionales -que tienen la misma jerarquía de la Constitución- para ver si existen contradicciones con las reformas que se proponen.

“Entiendo que si comparo el texto de la Constitución y de los tratados que garantizan el derecho de acceso a la Justicia para todos, con el texto de esta normativa, se ve afectada la tutela judicial efectiva”, sostuvo la jueza.

“Muchas veces existe una sobredimensión de amparos y medidas cautelares, pero me parece mejor confiar en la prudencia de cada juez, en el sentido de no excedernos, pero no que por vía legislativa, a priori para todos los casos, la regla se transforme en excepción”, señaló.

“Cada juez debe tener prudencia en cuanto a la decisión que adopte en materia de medidas cautelares y en materia de otras causas, por ejemplo, los amparos. Pero de ningún modo incurrir en la aceptación de la tutela judicial efectiva porque nos puede traer muchas responsabilidades internas y responsabilidades internacionales por violación de tratados”, dijo Grillo.

“Lo que propongo es tomar los textos de la Constitución, y leer los textos de lo que nos mandan los tratados internacionales y comparémoslo con el proyecto de ley. Entonces veamos si hay colisión o no”, insistió.

“Pensemos si esto es lo que, como ciudadanos, hubiéramos querido que se haga antes de aprobarse una normativa de manera tan apresurada. A lo mejor se hicieron debates, pero muy limitados”, observó.

“La ciudadanía tiene que tener la posibilidad de expresarse y plantear estas cuestiones. Después de arribar a la conclusión de cuál es el real querer de la ciudadanía, hay que abrir el debate público y después que los legisladores decidan”, planteó.

“Esto hubiera dado una verdadera legitimidad a esta normativa. Es lo que solicito que se haga en todos los ámbitos en temas tan actuales y de tanta trascendencia para la vida de la sociedad. Propongo que pensemos juntos”, sostuvo.
“Quiero aclarar que no me opongo a las reformas judiciales, no me opongo a una reforma constitucional”, remarcó.

“Lo que no puedo en este punto callar, como docente, como abogada y como juez, es que por vía legislativa, sin el necesario debate que debió darse, se modifique lo que establece la Constitución”, dijo.

“Porque eso no corresponde a nuestro sistema. Es lo que dice el artículo 31 cuando señala cuáles son las leyes supremas”, añadió.

“No me opongo a que la ciudadanía elija a quienes van a integrar el Consejo de la Magistratura. Incluso en el ámbito de nuestra provincia, hace rato estoy planteando que abramos el ámbito y que el Consejo de la Magistratura en el Chaco también esté integrado por ciudadanos, no sólo por jueces, por abogados y representantes de los poderes políticos”, recordó.

“Personalmente interpreto que puede ser posible, por vía legal, que los ciudadanos elijamos a los abogados, a los integrantes del Poder Judicial y representantes del ámbito académico y científico (para integrar el Consejo de la Magistratura), pero no que se lo haga a través de una elección general donde los abogados, los demás ciudadanos e integrantes del Poder Judicial sean obligados a competir en unas elecciones políticas partidarias, porque esto viola la prohibición que los integrantes del Poder Judicial tenemos de hacer política partidaria”, señaló.

“En eso no estoy de acuerdo. Me parece que no hay obstáculos para que los ciudadanos podamos elegir, pero en elecciones especiales, separadas de las elecciones para presidente, legisladores y gobernadores”, concluyó la jueza.

FUENTE PORTAL CHACO DIA POR DIA

Saber es Poder: La Tutela Judicial efectiva. (Por Por Iride Isabel María Grillo*)

Reflexiones sobre la reforma legislativa en las medidas cautelares.

Formulo aquí algunas reflexiones, sobre las reformas legislativas que se están llevando a cabo en el ámbito federal, aludiéndose a la legitimidad y democratización de la justicia, y vinculadas a uno de los temas puntuales: las medidas cautelares contra el Estado. Que no se interpreten estas ideas como una oposición a cualquier tipo de reforma judicial o de otra índole, que son necesarias, a condición de que sean debidamente informadas, conocidas y debatidas,porque saber es poder,y estamos transitando el siglo XXI, el que ha sido calificado con razón desde distintos ámbitos académicos e institucionales como el tiempo social de la justicia.

Toda reforma normativa puede ser legítima,oportuna y conveniente,a condición de que se la haga bien,respetando la supremacía y el orden de prelación que en la Constitución Nacional se establece.
Propongo entonces que busquemos un texto actualizado de la Constitución, contenedor de los Tratados sobre Derechos Humanos, que si bien no la integran, tienen su misma jerarquía, y que leamos por ejemplo lo que disponen los arts. 31 y 75 inc.22 de nuestra Ley Fundamental.Es saludable, voluntariamente hacer el esfuerzo de buscarla, leerla, pensarla e interpretarla. Y aún mejor compartirla, haciendo docencia de la Constitución que tanta falta nos hace, porque no se ama lo que no se conoce. Lo que no podemos hacer, es decir que no sirve, que no existe, que no se cumple y quedarnos inertes, descreídos, desanimados, poco ayudamos con esta actitud al sistema democrático como sistema político y como estado social.

Hagamos la lectura del texto promulgado comparándolo con el texto constitucional supremo, teniendo presente que se trata de una reforma al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, el que no rige en el ámbito de los poderes judiciales de la provincia, y que es legislación procesal derivada, a tenor de lo establecido por el art.75 inc.12 de la Constitución Nacional,que no integra el orden constitucional supremo a que refieren los arts. 31,75 inc 22 y conc. de dicha normativa, la que como tal debe tender a la realización de los derechos fundamentales y no a su restricción.De manera que esta modificación legislativa, debe garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.

Bueno es recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva debe ser entendido como el reconocimiento,la seguridad a toda persona a tener asegurado el acceso a la justicia, el de obtener una resolución fundada en derecho y a que esa resolución se cumpla o ejecute.
Ello requiere garantizar en un triple e inescindible enfoque la libertad de acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso y a promover la actividad jurisdiccional. Se trata del momento inicial del ejercicio del derecho en el que la protección debe ser fuerte ya que de él dependen los momentos posteriores. Una de las manifestaciones concretas de este primer momento está dado por el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, abriendo las compuertas de la jurisdicción para la defensa de las libertades fundamentales a todos los habitantes, sin restricciones irrazonables. Se trata de la obligación de interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva. En tal cometido es un principio básico de interpretación constitucional que la libertad es la regla y la limitación es, en cambio, la excepción, la que debe interpretarse restrictivamente. Resulta indiscutible que en caso de duda habrá que optar en virtud de la regla "pro homine", a favor de las libertades y de la efectividad de los derechos.

En segundo término asegurando el derecho a obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión, lo que no significa que la decisión sea favorable a la pretensión formulada. Lo esencial aquí es que la resolución sea motivada y fundada, es decir razonable, congruente y justa, esta es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la interdicción de la indefensión y la irracionalidad.Simplemente que se de la razón a quien demanda justicia o bien las razones de por qué no se da la razón,y que exista la posibilidad de revisión de las resoluciones judiciales, en cuanto a los hechos y el derecho aplicable, por parte de otro juez o tribunal diferente al que las dictó.
Finalmente en tercer término, el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la resolución judicial se cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos establecidos en ella será vano, una mera declamación de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica.

El único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento de las normas y proscribir la justicia privada es a través de una administración de justicia organizada en forma eficiente, y cuando la administración de justicia fracasa, la seguridad jurídica es reemplazada por la irracionalidad y por la imprevisibilidad desapareciendo la confianza y colocando a los miembros de una sociedad, y a veces hasta al propio gobierno, en estado de indefensión.
Si este engranaje se resiente en cualquiera de sus fases, se pone en peligro la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y el Estado de Justicia. Por eso debe comprenderse que la jurisdicción, la tutela judicial efectiva, de eso se trata, debe extenderse, sin lagunas ni fisuras, a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio.

La fuerza normativa del orden constitucional supremo y la legitimidad democrática del poder judicial

Los jueces debemos obedecer primero a la Constitución, la que tiene fuerza normativa suprema con preferencia a todas las demás normas y actos, a la que deben ajustarse. La verdadera independencia del juez se exterioriza en el cumplimiento de las funciones que la Constitución le asigna, cuando en sus decisiones no está sujeto a la presión de poderes exteriores ni superiores, ya que no solo está referida a los poderes políticos sino también a los demás jueces, aún cuando se trate de la Corte Suprema o de los Superiores Tribunales de Provincia o Cortes Provinciales, en razón de que el Poder Judicial por su naturaleza no reviste el carácter de un poder jerárquico. Por el contrario, la independencia judicial pierde su fundamento constitucional cuando el juez se aparta de los preceptos constitucionales y con tal accionar pierde también su legitimidad democrática.
El Estado Constitucional de Derecho supone la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que sopesan el ejercicio de los derechos del sistema republicano, la norma en cuestión, establece una clara injerencia en el ámbito decisorio propio del poder judicial. La independencia del poder judicial es una garantía vital para obtener una decisión por parte del juez, ajena a consideraciones políticas coyunturales y ajustada únicamente a lo que la ley suprema establece.
Desde mi experiencia como magistrada a cargo de un juzgado de primera instancia de provincia y docente en la materia derecho constitucional, siguiendo el pensamiento del siempre vigente juez Marshall, en su doctrina de la Supremacía Constitucional, la norma en cuestión, de la que tenemos experiencia en la provincia del Chaco y que fuera finalmente derogada, podría ser calificada como un típico acto legislativo que no merece el calificativo de ley. Ello en razón de que todo acto legislativo para ser considerado ley debe respetar el orden constitucional supremo.

Las responsabilidades internacionales por violación a tratados internacionales y afectación a la tutela judicial efectiva.

Llamo a la reflexión, respecto a las responsabilidades internacionales que podrán derivar para el Estado Nacional, y para los funcionarios y magistrados que ejecuten dicha normativa por violación de pactos internacionales, garantes de la tutela judicial efectiva, que el Estado Nacional se ha comprometido a cumplir.
Ello significa una muy grave lesión a los derechos y garantías consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen la misma jerarquía de aquélla. Es inconcebible la realización de esos derechos y de una Justicia oportuna, sin medidas cautelares,o con un disfraz de ellas.La regla en nuestro sistema no es la limitación sino las libertades y las limitaciones constituyen la excepción correspondiendo a los jueces dotados de las necesarias garantías de la independencia que actualmente no tenemos, que determinemos en cada caso sujeto a conocimiento y decisión,lo conducente,con honestidad,prudencia,austeridad y responsabilidad.
Jueces con responsabilidad social,ejerciendo la jurisdicción constitucional,el control de constitucionalidad y convencionalidad en las causas sujetas a su juzgamiento, sin claudicaciones pero tampoco sin excesos,dentro del tercio de poder constitucionalmente asignado,correspondiendo los dos tercios restantes a los demás poderes constituidos. Todos los jueces,somos por eso, primero jueces de la Constitución que alguna vez prometimos cumplir y hacer cumplir y luego nos compete el ejercicio de la competencia derivada,civil,comercial,penal,laboral,contencioso-administrativa,etc. que nos asigna la ley y en este tiempo social de la justicia que estamos transitando, que no puede medirse a veces en tiempos cronológicos pero sí en tiempos de vida, es necesario garantizar la tutela constitucional y judicial efectiva para todos.

Si a través de una restricción a las medidas cautelares a priori y mediante legislación procesal derivada,se pretende restringir los derechos constitucionales, este criterio dista de ser democrático y legítimo como se propusiera,lo democrático y legítimo, es lo que se dispuso en la reforma del 94, respecto a derechos y garantías, en el art. 43 y correlativos de nuestro pacto fundamental.
Sin embargo de nada valen los derechos declarados si no se cumplen,y la mayor garantía de efectividad de los derechos es el control ciudadano, el control democrático del Soberano,primer guardián del orden constitucional supremo que en la fecha no se agota en la Constitución Nacional,como ya lo expusiera, sino que se extiende a lo establecido en los tratados internacionales y en las leyes del Congreso de la Nación dictadas en su consecuencia y conforme a ellos,porque de lo contrario no merecen el calificativo de leyes.

Solo como punto de partida,sin pretender de este modo agotar su análisis,y a la manera de que pensemos juntos,cabe interrogarnos respecto a distintos aspectos del texto promulgado, por ejemplo sobre si afecta o no la tutela judicial efectiva, a la luz de las ideas esbozadas,cuando establece que las medidas cautelares contra el Estado, no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal, o cuando impone a los jueces el deber de requerir a la autoridad pública que en el plazo de cinco días informe respecto del interés público comprometido ( art.4), una bilateralidad que desnaturaliza el proceso cautelar,que es por regla inaudita parte.Asimismo cuando impone un plazo de duración máxima,bajo pena de nulidad, ( art.5), a priori, se afecta la independencia del juez para ponderar, de conformidad a las características singulares del caso que juzga, el alcance de la medida precautoria a efectos de asegurar su idoneidad y eficacia. O cuando se prohíbe a los jueces dictar medidas cautelares que afecten,obstaculicen,comprometan,distraigan de su destino o de cualquier forma perturbe,los bienes o recursos propios del Estado ( art.9), así como imponer a los funcionarios públicos cargas personales pecuniarias frente al incumplimiento del mandato judicial (astreintes), las que solo se admiten a cargo del Estado,cuando sabemos por experiencia, la resistencia de muchos funcionarios al cumplimiento de los mandatos judiciales.

Asimismo en relación a la exigencia del otorgamiento de una caución personal o real solicitante,para responder por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiera causar (art.10.1),importa también una limitación irrazonable al acceso a la jurisdicción respecto de las personas que no cuenten con medios a tal fin,lo que no logra superarse,con la posibilidad de deducir un beneficio de litigar sin gastos,en el que deberá probarse la falta de recursos para hacerse cargo de los gastos del proceso promovido.

Es bueno también detenerse,entre otras cuestiones, en el efecto suspensivo con que debe concederse los recursos de apelación cuando la medida cautelar suspenda los efectos de un acto estatal (art.13.3),lo que importa desnaturalizar por completo el instituto e incurrir en denegación de justicia.
Por el contrario,- se regulan de manera garantista,las medidas cautelares que puede solicitar el propio Estado (art.16 y 17),en los supuestos de que exista un riesgo cierto e inminente de que el interés público se vea afectado,el patrimonio estatal,u otros derechos que titularice el Estado estableciendo a favor del Estado todas las garantías,que al mismo tiempo restringe a las personas.

Cabe agregar a lo dicho, que se establece un régimen de excepciones,la regla es la restricción la excepción son las libertades,transgrediendo la regla de las libertades (in dubio pro libertate,in dubio pro homine,ya aludida) y que constituye la primer regla de interpretación constitucional en nuestro sistema.En suma la libertad debe ser la regla su limitación,la excepción.
La primera excepción está referida a los sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, lo que significa que antes de decretar la medida cautelar debe probarse tal situación, pregunto, ¿no es ello afectatorio a la tutela judicial efectiva? y ¿los no vulnerables no tienen también derecho a ella?. La segunda excepción alude a los supuestos en que esté comprometida la vida digna,conforme la Convención Americana de Derechos Humanos y la tercera es la salud.

Ninguna normativa emanada de las autoridades constituidas como tampoco ningún acto derivado de aquéllas ni de los particulares, puede entenderse al margen de la Ley Fundamental.Las leyes procesales son instrumentales, no tienen un fin en sí mismas y toda norma adjetiva, como las que procuran limitar las medidas cautelares, solo pueden interpretarse y aplicarse con resguardo en primer lugar de las máximas garantías constitucionales y convencionales.

Asistimos a un tiempo social que puede ser calificado, como tiempo social de la justicia, tiempo de la tutela judicial efectiva para todas las personas, como prescribe el orden constitucional supremo, para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Tiempo del proceso justo, sin que nadie, pero absolutamente nadie, sea persona física o jurídica, de derecho público o de derecho privado, nacional o extranjero, pueda quedar excluido del ejercicio de tal derecho.Si se resigna el cumplimiento de este rol la interacción se tornará cada vez más dificultosa, nadie estará entonces en condiciones de prever la conducta ajena, ni siquiera la propia y la magistratura se percibirá cada vez más lejana y menos creíble.

*Juez Civil y Comercial de la Sexta Nominación de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, Adjunta de la Cátedra A de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E.

El Primero- Por Federico Pinedo (*)

Jorge Bergoglio será el primer papa americano, el primer papa jesuita y el primer Francisco, nombre que identificó al santo de la pobreza, Francisco de Asís, y a San Francisco Javier, elegido por el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, para evangelizar el mundo, incluyendo Africa, India, China y Japón.

El Papa Francisco está formado y fue formador en la escuela de la espiritualidad, la intelectualidad, la severidad de la humildad y del manejo del poder, que caracteriza a su orden. Los jesuitas fueron los primeros evangelizadores de los nuevos mundos fuera de Europa y Francisco correrá el eje de poder Vaticano al nuevo mundo. Su impacto puede ser tremendo en una China que se ha despertado y ha empezado a caminar y que honra al jesuita que respetó las creencias ancestrales chinas cuando evangelizó allí, Matteo Ricci. Los jesuitas basaron su acción en el respeto de las idiosincrasias de cada pueblo y por eso fueron, como en América, los grandes etnógrafos. Cuando Bergoglio dialoga, mira fijo y escucha, para entender al otro, porque lo respeta. La influencia del Papa americano en las comunidades hispanas y católicas de Norteamérica también puede ser notable y su trabajo por la paz, muy relevante. Como obispo en la Argentina, un país abierto de inmigración, trabajó siempre en el encuentro con judíos y musulmanes, que lo respetaron como pastor.

El Papa Francisco es un hombre de fe pero progresista, porque tiene la cabeza abierta y porque ejerció en los hechos la opción preferencial por los pobres, de lo que da testimonio su nombre. Creo que la Iglesia profundizará un camino que, partiendo de la dignidad de todos, promueva el desarrollo de la personalidad de cada uno, mediante la libre elección del amor.

(*) Presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados

Fundamentos de la Reforma Política. Su relación con la garantía constitucional de Hábeas Data.

E-democracy = Gobierno abierto y electrónico. Con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le brindará al ciudadano accesibilidad para incorporarse al proceso electoral que, además, ganará en celeridad con la implementación de la operatividad técnica y legal adecuada. Es la llamada E-democracy, concepción del Gobierno Abierto y Electrónico, donde la transparencia en los datos personales, tanto de funcionarios como de ciudadanos, constituye un elemento fundamental en la promoción de una democracia participativa, justa e igualitaria.

La Ley Sáenz Peña (8871), junto con el voto femenino, y la Ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, constituyen las bases fundamentales de la ingeniería democrática en nuestro país .”Vamos a votar el domingo con ánimo”, es el deseo en épocas eleccionarias; es la única situación en la que realmente todos los ciudadanos somos iguales, en la emisión del sufragio para elegir a nuestros representantes, como expresa el Maestro Jorge Reinaldo Vanossi. Así se fortalece la estabilidad del ejercicio democrático de la ciudadanía.

En las P.A.S.O (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) elegimos precandidatos, en un sistema de selección, para que se puedan presentar en octubre como candidatos en las elecciones generales. Le otorga protagonismo al ciudadano común, no solamente al afiliado, y permite la participación de los partidos políticos minoritarios sin trato discriminatorio; se tiende a la igualdad, expresada en el Artículo 16 de la Constitución Nacional, nuestra Ley Fundamental, y el Artículo 38, que establece lo siguiente:

Art. 38.-Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.”

Con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le brindará accesibilidad al ciudadano para incorporarse al proceso electoral y habrá más celeridad en el mismo, implementando la operatividad técnica y legal adecuada. Es la llamada E-democracy, concepción del Gobierno Abierto y Electrónico, donde la transparencia en los datos personales tanto de funcionarios como de ciudadanos constituye un elemento fundamental en el desarrollo de la misma, promoviendo la democracia participativa y los ideales de equidad, igualdad estructural y justicia social.

Nuestra Ley Fundamental, la Constitución Nacional, consagra la Garantía de Habeas Data, en su Artículo 43, tercer párrafo, la Garantía de Habeas Data. Ella expresa: “Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad; que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de Información periodística”.

La libertad de expresión en Internet, el derecho a la intimidad y la protección de datos personales son conceptos diferentes pero interrelacionados entres sí, deben actuar equilibradamente para que ese sistema de Garantías Constitucionales sea coherente y razonable; hasta donde el límite de la trasparencia en los datos personales vulnera el derecho a la Intimidad y protección de los mismos, más en un ámbito tan amplio y des regularizado como el mundo virtual. Si bien las legislaciones de Protección de Datos Personales respaldan estas Garantías Constitucionales, cada ciudadano, funcionario y agente judicial deberá contribuir individual y conjuntamente para que se respeten en el mundo real.

Valoremos y respetemos nuestro sistema democrático; es la garantía de la libertad.

Romina Florencia Cabrera, Abogada e Investigadora UNLP.

La transparencia, valor fundamental de la democracia.
Este tema es tratado en un interesante art. por los doctores Juan Aicega y Beltran Gambier.

Gobernar con transparencia facilita la evaluación de las políticas y programas gubernamentales, favorece el debate político y contribuye al proceso necesario de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, todo lo cual mejora la evaluación y la valoración de sus responsabilidades políticas y personales. Ahora bien, ¿quiere el Gobierno promover la transparencia sobre su desempeño como un modo de combatir la corrupción? ¿Le importan al Gobierno las exigencias que, en este sentido, hacen los ciudadanos, la prensa y las organizaciones cívicas?

Cada uno de nosotros tiene una respuesta para estos interrogantes. Nuestra percepción es que una gran mayoría de la población respondería por la negativa. ¿Cómo se llega a esta situación?

Cabría pensar que esto es resultado de una decisión del Gobierno. Sorprende, sin embargo, porque la Presidenta, en sus tiempos de senadora, era una apasionada promotora de un régimen legal de acceso a la información pública. Como también lo fue Néstor Kirchner, quien, ya en ejercicio de la presidencia, lo que tiene mucho más valor, se mostró partidario de aquél al tomar una histórica decisión, contenida en el Decreto N° 1172/2003, cuya filosofía y letra ya, lamentablemente, no se honran.

Parecería entonces que cuando se gobierna se produce, en ocasiones, una fractura entre el idealismo proclamado y la acción política que lo contradice.

La escena política de hoy está teñida por la confrontación, lo que seguramente se agudizará en este año de elecciones legislativas. No nos interesa abordar la cuestión en ese marco. Por el contrario, nos anima una mirada conciliadora y profunda de este fenómeno. En esa indagación recordamos al escritor israelí Amos Oz, quien al recibir el Premio Goethe y explicar su difícil acercamiento a Alemania, sostuvo que imaginar al otro es un imperativo moral, una herramienta estética y un potente antídoto contra el fanatismo y el odio.

¿Por qué en un tema tan sensible para la calidad democrática se produjo un cambio de rumbo?

Es difícil de comprender y uno no se resigna a perder la esperanza de que el Gobierno decida salir del estado de claudicación en el que se encuentra en esta materia. En el caso de la Presidenta, haber sido reelecta con el 54% de los votos le genera un mayor compromiso con el fortalecimiento democrático y el deber político y ético de someterse a los modernos mecanismos que, para garantizar los estándares de transparencia de su gestión de gobierno, propenden a facilitar el acceso a la información pública.

No parece haber dudas, sin embargo, de que el fervor por cumplir los preceptos del Decreto N° 1172/2003 se ha perdido. Así, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que es la autoridad de aplicación del mencionado decreto y quien tiene a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de sus obligaciones, parece estar virtualmente paralizada desde el año 2009. En su sitio web oficial ( www.mejordemocracia.gob.ar ) no se incluyen informes anuales de gestión posteriores al del año 2008. Tampoco notas y/o recomendaciones emitidas con posterioridad al mes de agosto de 2009. Mucho menos el "estudio diagnóstico sobre el estado de situación del acceso a la información pública en todos los organismos del Estado nacional", compromiso expresamente asumido por este organismo en su ya lejano Informe Anual 2008.

Aún en un contexto adverso, debemos ser conscientes de que el sistema democrático no permite admitir que la lógica del ejercicio del poder conduzca a asumir que "el pueblo no debe saber de qué se trata", en contradicción con el espíritu de la Revolución de Mayo y la forma republicana de gobierno.

Por ello, es de lamentar que la Argentina no cuente hoy con una ley nacional de acceso a la información pública. Y eso es así porque el proyecto de ley que obtuvo media sanción del Senado de la Nación a fines de 2010, perdió recientemente estado parlamentario luego de no haber sido tratado por la Cámara de Diputados, lo que fue, sin duda, una decisión política del Gobierno.

Mientras esto pasa en la Argentina, muchísimos países están cada vez más comprometidos con la transparencia y la legislación en la materia va ampliando los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los funcionarios para garantizarla.

Estamos en presencia de un derecho que les corresponde a los ciudadanos y a los periodistas en su función profesional. Unos y otros se enfrentan a situaciones que afectan su ejercicio. Son conocidas las dificultades que enfrentan hoy periodistas y algunos legisladores nacionales para acceder a información pública relevante sobre casos de gran trascendencia institucional.

Por todo ello, propugnamos la definitiva toma de conciencia sobre la importancia de esta problemática por parte de los distintos actores políticos y sociales, y la sanción de una ley de acceso a la información pública acorde con los más modernos estándares internacionales en la materia para que se aplique tanto al Poder Ejecutivo como a los poderes Legislativo y Judicial.

Con esa ley, contaríamos con una herramienta muy valiosa para luchar contra la corrupción e implementar principios de transparencia en el diseño, seguimiento y control de las políticas públicas.

Fuente: La Nación

Informe de la Mesa Cívica de la Sociedad Civil: Consulta a los Presidentes de Bloques de los partidos políticos representados en el Congreso de la Nación y a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras sobre la reforma a la Constitución Nacional.

En el mes de octubre de 2012 se envió una carta a todos los Presidentes de Bloques (33 Diputados y 22 Senadores) y a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales (35 Diputados y 14 Senadores) del Congreso Nacional. El seguimiento se realizó por teléfono y por mail y en tres reuniones presenciales.

Las preguntas puntuales fueron:

1. ¿Cuál es su postura con respecto a la reforma de la Constitución Nacional?
2. ¿Cuáles son las cuestiones que, de acuerdo con su criterio, necesitan cambios urgentes?
3. De ser necesarios estos cambios ¿deben plasmarse a través de modificaciones legislativas o constitucionales?

Leer los RESULTADOS DE LA CONSULTA

La coparticipación de los impuestos nacionales con la provincias. (Por Sofía de Laferrère)

Luego de la reforma de 1994, la Constitución Nacional dejó establecido en su artículo 75 (inciso 2), el régimen que debe regular la distribución de recursos fiscales entre la Nación, las provincias y la ciudad de Bueno Aires.

• Uno de sus objetivos es que las transferencias fueran automáticas para evitar arbitra-riedades e imprevisibilidad en la percepción de los fondos coparticipados.
• Se dispuso también que antes de 1996 se dictara una nueva ley convenio de copartici-pación, a iniciar en el Senado, para prever la distribución de la recaudación en función de las competencias, servicios y funciones que preste cada provincia, en forma equitati-va y solidaria a fin de lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igual-dad de oportunidades en todo el territorio nacional. Esta ley deberá ser “aprobada por todas las provincias”.

Se tenía entonces en cuenta que, para esa fecha, se estaría en la etapa final de la transfe-rencia que se había operado de los principales servicios públicos a dichas jurisdicciones, lo que hacía necesario rediscutir la distribución de los impuestos nacionales. Sabemos que aún faltan transferencias a la Ciudad de Buenos Aires con la reasignación de recur-sos correspondientes.

Han pasado 16 años de ese mandato constitucional y aún no se ha cumplido.

¿Su impulso estará en algunos de los programas partidarios para las elecciones de legisladores nacionales del 2013?

Datos sobre coparticipación:

• De 1994 hasta 2009 las provincias recibieron un promedio de 32% del total de la recaudación.
• Entre 2002 y 2008 el flujo automático a las provincias bajó al 27%.
• A partir de 2009 la coparticipación más el Fondo Solidario de la Soja fue del 26%. Si sacamos el fondo sojero, el 24.5%.

Entusiasmo y perspectiva. (Por Dora Moneta)

Hay una palabra ausente en las manifestaciones populares que de un tiempo a esta parte se suceden en la Argentina, se trata del vocablo democracia. Por un lado es una alegría ya que al no nombrarla se la presiente instalada, por otro la mayoría de las consignas en los carteles y en los cánticos de cualquier matiz político que se ven y se oyen, son directos y agresivos ya que hablan de acciones que se van a llevar a cabo en contra de los principios republicanos y democráticos de gobierno establecidos en la Constitución Nacional.
Esto sucede en muchos países, entre los más civilizados y compuestos y también en los desordenados. Los indignados en España, Occupy Wall Street en New York y los furiosos griegos son una muestra. Nadie habla de democracia, ni siquiera de “más democracia”. Es de destacar que si no fuera por el hecho de vivir en democracia ninguna de estas manifestaciones tendría lugar.

Los sistemas democráticos de gobierno que se aplican en muchos estados difieren entre si, aún obviando el uso espurio de la palabra democracia, que en estados muy opresivos se enarbola mientras las libertades individuales brillan por su ausencia, hay monarquías y repúblicas parlamentarias o no, muy democráticas. Las más exitosas han profundizado el significado de democracia al punto tal de que es parte de su cultura, de su forma de convivir.

La democracia está viva en un país cuando se debaten temas controvertidos, pero pierde calidad cuando a esos temas se los trata fuera de su ámbito, ya sea por imposición de parte de los gobernantes o exigiendo respuestas a cuestiones de otro modo desoídas por parte de los gobernados. Este dilema se nota mucho en la Argentina de hoy a raíz del auge de las redes sociales, hay un cortocircuito entre el ciudadano y sus representantes que es muy visible, mucha diatriba y ¡oh sorpresa! poca comunicación. Es decir los ciudadanos se comunican entre si o se les comunica a través de voceros los cursos de acción a seguir. Vivimos en una república y tenemos voz a través de nuestros representantes. Pero ni los ciudadanos conocen los nombres de quienes lo representan ni estos demuestran tener un gran interés en comunicarse con sus electores..

Lo que seguramente está fallando entre nosotros es la calidad de nuestra democracia que nunca creció ni se afianzó como para instaurarse como parte integrante e indisoluble de nuestra cultura.¿ Somos democráticos los argentinos? Cada uno sabrá qué contestar, un si sí comparamos con un pasado en que los golpes de estado tenían apoyo popular, sean de la ideología que fueran; un no si nos comparamos a sociedades en donde la Constitución es respetada por todos los partidos políticos y por el pueblo.

Somos una sociedad efervescente, atenta y solidaria en lo personal y en las grandes catástrofes, pero también codiciosa y egoísta. Con nuestros defectos y virtudes es imperioso darse cuenta que lo que debemos construir es la cultura democrática. Trascender la democracia de masas y la democracia elitista no es tarea fácil y se discute desde Tocqueville. Nosotros, por lo menos ¿estamos discutiendo? No precisamente, estamos imponiendo. El statu quo pos guerra mundial está siendo reformulado en todo el mundo, sucumben las sociedades que no se han nutrido de valores no negociables, respetados por amplias mayorías, y tenidos en cuenta como guía de convivencia para la vida cotidiana. Esos valores son los que están presentes en los textos fundacionales que desde la Carta Magna para acá se llaman Constituciones.

En la Argentina asistimos a un testeo mediático de reforma de la Constitución Nacional y por otro lado a una protesta para que no se toque. Tocar se puede, hay mecanismos muy bien estipulados para que sea posible una reforma. Ya lo han hecho varios gobiernos. Por otro lado el afán reformista se presume que obedece a un proyecto político partidario que no estaba en la agenda de la mayoría de los partidos ni era un reclamo de la gente.

La encuesta de cultura constitucional: ARGENTINA: UNA SOCIEDAD ANÓMICA de Antonio María Hernández, Daniel Zovatto y Manuel Mora y Araujo, nos dice que el 77% de la población desconoce la Constitución Nacional. Es una cifra aterradora si pensamos que en este momento defender “su Constitución” es una las razones por las cuales la gente salió a la calle y parece decidida a volver a hacerlo.

La cultura democrática implica un conocimiento, no exhaustivo pero por lo menos general, de la Constitución Nacional, que cumpliéndose o no, nos auspicia como república. Es decir es como un manual de supervivencia cívico. Nuestro representantes seguramente están atentos a las manifestaciones populares, ya sea de piqueteros o nopisapastos, y como seguramente se conocen bien la Constitución, deberían proyectar este conocimiento hacia la gente para promover no solo sus ideas al respecto, sino para ayudar a modificar ese ignominioso 77%, al solo efecto de encauzar y enaltecer un debate para que no derive en un enfrentamiento.

La Fundación Desde América ante el proyecto de reforma al Codigo Civil y sus implicancias para los pueblos indígenas valor de la Constitución.

Durante el pasado mes de junio el Poder Ejecutivo presentó al Senado un anteproyecto de reforma del Código Civil que en estos momentos se encuentra a consideración de la Comisión Bicameral del Congreso. Compartimos todo aquello que contribuya a actualizar y mejorar la legislación vigente. Sin embargo, en este caso deseamos advertir acerca de algunas modificaciones que se procuran introducir.

En lo relativo a los pueblos indígenas, se proponen un conjunto de artículos vinculados a temas cruciales como la propiedad comunitaria; la personería jurídica; la consulta y los recursos naturales, que de ser aprobados, incidirían negativamente en las conquistas ya logradas por estos pueblos, cuyos Derechos se enmarcan en el ámbito de lo público y no en el de lo patrimonial.

Ante esta situación, la Fundación desdeAmérica rechaza las disposiciones proyectadas y solicita a la Presidenta de la Nación, al Congreso y a la Corte Suprema que articulen un adecuado proceso de consulta previo a la toma de decisiones sobre reformas al mencionado Código.

Asimismo queremos expresar nuestro apoyo a todas las organizaciones y comunidades indígenas, ONGs, instituciones y especialistas que reclaman por el respeto de los derechos ancestrales que incluyen desde las tierras y territorios hasta la cosmovisión y espiritualidad, pasando por la identidad y la libre determinación, todo lo cual no puede ser forzado a integrar un corpus jurídico que está dirigido a otros objetivos que no son los de pueblos indígenas y sus particularidades.

La Argentina cuenta desde hace años con un artículo de avanzada en la Constitución Nacional que reconoce “la preexistencia de los pueblos indígenas” así como se ha adherido públicamente a los Tratados Internacionales en la materia, normas que ya inciden no solo en las legislaciones nacionales sino en la realidad cotidiana de estos pueblos.

Hacemos nuestras una vez más las palabras de aquel dirigente mapuche que dijo hace ya muchos años: "No se puede hacer política para los paisanos sin los paisanos". Esperamos que las correspondientes instancias del poder actúen en consecuencia, para que el respeto por la diversidad cultural sea efectivamente un hecho y no una mera declaración de principios.

Carlos Martínez Sarasola
Ana María Llamazares
Directores

“El valor de la Constitución”. (Por la abogada constitucionalista María Angélica Gelli)

Este texto que consideramos valioso para la información y formación ciudadana explica, en precisa y aguda síntesis los vaivenes consti-tucionales a los que varios gobiernos han puesto su impronta. Vale la pena leerlo para poder formarse un juicio de valor sobre la reforma constitucional, que es parte de la agenda política. (Tiempo de lectura aprox. 9 min.)

1. ¿De qué hablamos cuando nombramos la Constitución?

La primera cuestión que se debiera abordar es el significado que se asigna a la Constitución cuando se la menciona al referirse a sus valores o se postula la posibilidad de reformarla.
Una de las significaciones de Constitución, la más simple, es la que la define como ley suprema del Estado. Este sentido está implícito al sostener que se la está violando o incumpliendo o cuando se pretende defender derechos constitucionales agraviados. En esta dirección, dado que es la ley suprema, cuando existe alguna violación a derechos constitucionales es posible recurrir a la justicia, planteando y requiriendo el control de constitucionalidad de la norma o acto de la administración que limita, irrazonablemente, derechos o garantías de las personas. Este control, originado en la jurisprudencia y doctrina norteamericana, se ha expandido en los estados que han adoptado los principios de la democracia liberal, del estado social de derecho y del estado convencional de derecho. Sucedió en la Argentina, y con mayor énfasis después de la reforma constitucional de 1994 que dio jerarquía constitucional a varios Tratados de Derechos Humanos.

Pero también la Constitución constituye una suma de valores, de signo positivo o negativo. Desde esta perspectiva es posible distinguir diferentes tipos de constituciones, democráticas, autoritarias, totalitarias, respetuosas o no de las libertades, los derechos, la igualdad, las garantías y las seguridades. Vale la pena recordar lo que se escribió en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el proceso revolucionario francés, acerca de que una Nación que no tiene dividido el poder, ni declarado los derechos, no tiene Constitución. Era la suma de un ideario a lograr. Por supuesto, antes de esta declaración, Francia tenía un sistema jurídico, un ordenamiento legal en cuyo vértice estaba la ley de base, la constitución. Sin embrago lo que no tenía era un poder limitado, controlado y derechos, seguridades y garantías frente al poder de la monarquía absoluta. Expresado de otra manera, la Constitución no es solamente la ley suprema, ya que un Estado totalitario, autoritario, una dictadura militar tienen constitución; hasta una comunidad ágrafa, sin escritura tienen constitución. Sin embargo, en aquella concepción valorativa sólo merece denominarse constitución la que establece un sistema en el que el poder no está concentrado sino dividido y los derechos son declarados y garantizados formalmente. Este ideario fue adoptado por los Estados que iniciaron sus procesos de independencia en América, también por lo que es hoy la República Argentina.

Por otro lado, se ha definido a la Constitución como los factores reales de poder, es decir los sectores sociales, económicos, culturales que en los hechos diseñan las normas constitucionales. No es necesariamente una significación peyorativa aunque en algunas circunstancias se la emplea para sostener la necesidad de cambio, cuestionándose la composición de ese poder o los intereses que, se dice, defiende. En el debate que se ha instalado –o se quiere instalar en Argentina en este año de 2012- algunos grupos reeleccionistas fundan la necesidad de enmendar la Constitución –o crear una nueva constitución como aspiración de máxima- en que la actual no es inclusiva, no limita a los poderes económicos e impide por la vía del aseguramiento de los derechos propietarios y contractuales, el desarrollo del interés nacional. En suma, se cuestiona, por esta vía, el ideario de los derechos y garantías de la primera generación, los derechos liberales. Este ideario, lo adelanto desde ya, no se contradice con los del estado social de derecho ni con el estado convencional de derecho: la reforma constitucional de 1994, a pesar de las críticas que puedan formulársele, armonizó principios y normas de fuentes diversa. El cumplimiento de este paradigma en el que se unen las tres líneas valorativas, no es sencillo pero tampoco imposible.

A estos significados clásicos, que con matices pueden encontrase en Manuales o Tratados de Derecho Constitucional, agregaría que la Constitución es –debe ser la ley que une en la diversidad social o en la multiplicidad social. Dicho de otra manera, la Constitución es ley de todos y para todos, no de algún sector por mayoritario que fuese. La Constitución no debe tener nombre propio. Allí deben enunciarse los principios básicos que trascienden la coyuntura, la circunstancia personal. Cuando se la concibe de este modo, la Constitución se convierte en signo y en símbolo de la unidad en la diferencia política, propia de la democracia. Ya hemos vivido en nuestro país la experiencia histórica de partir la legitimidad constitucional y esa división se trasladó a la sociedad en términos irreductibles. Quizás el que seamos individualistas -más que liberales o neoliberales expresión, ésta, que se usa para denostar determinadas posturas- hasta el punto de que ponemos en duda absolutamente todo, todo lo cuestionamos salvo lo que para nosotros es lo más importante, sea una de las características sociales que nos impide rescatar el valor de la constitución como una ley que acoge, defiende a todos en una red de seguridades que permite ensayar diferentes alternativas y opciones políticas, económicas, sociales, dentro y no por fuera de los principios fundamentales de la Constitución,

2. ¿Qué es y qué fue la Constitución en la República Argentina?

La primera Constitución de 1853 -la que llamamos Constitución Histórica- con todos sus méritos, fue sancionada con la ausencia de la Provincia de Buenos Aires, incorporada a la Confederación recién en 1860. Disputas políticas impidieron desde el comienzo del proceso constituyente la unidad de todas las provincias integrantes de la Confederación. De ese modo, se inició el camino de la institucionalidad, me atrevo a sostenerlo, con una Constitución partida y que además no consiguió –no por defectos de la Constitución en si misma, sino por la manera en que se fue aplicando- una participación popular o democrática amplia. En los primeros tramos de la historia institucional argentina, la democracia fue más formal que material. Hasta que con la sanción de la denominada Ley Sáenz Peña –este año de 2012 se cumple el centenario de esta ley trascendente, aunque se la ha recordado poco por las autoridades constituidas- se logró terminar con el fraude electoral, incorporando a las mayorías al proceso democrático a pesar de que –debe decirse- lo fue con la exclusión de las mujeres.

Luego de las reformas constitucionales de 1866 y 1898 se sancionó la Constitución de 1949 que quebró en dos la legitimidad constitucional. Esta ley suprema fue identificada como la Constitución Justicialista –es decir, de un partido político- y se impugnó el proceso de su dictado por incumplimientos del artículo 30 de la Constitución Nacional que establece el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo una reforma. Más allá de esas impugnaciones, lo más grave fue que esa Constitución fue percibida -por una parte de la sociedad argentina- como el triunfo de un sector sobre el otro y, más allá de sus contenidos, generó un grave enfrentamiento político.

El diseño del sistema institucional de la Constitución de 1949 concentró el poder en el Estado Nacional –y dentro de éste, en el presidente de la Nación- en detrimento y perjuicio de las autonomías provinciales. Hoy vuelve a manifestarse este problema y, lo adelanto, quizás uno de los argumentos que se utilicen para propiciar la reforma constitucional oculte el objetivo de la reelección presidencial detrás de la necesidad de reformular el Federalismo y mudar los principios económicos a favor de una mayor intervención del Estado. Como quiera que sea, la Constitución sancionada en 1949 significó una ruptura en la legitimidad constitucional porque muchos percibieron que no era también su constitución.

No obstante, debe recordarse que la Constitución 1949 fue derogada de manara inconstitucional, en 1956, por el gobierno de facto que se inicio en 1955. Durante este gobierno militar se produjo la reforma constitucional de 1957 –prohibido el Partido Justicialista- y se incorporó el artículo 14 bis. En otra de las paradojas de nuestra historia de la que nos tenemos que hacer cargo con sus luces y sombras, este artículo estableció derechos individuales del trabajador, derechos colectivos de los gremios y derechos de la seguridad social, mucho más amplios que los que se declararon en 1949, por ejemplo, se incluyó el derecho de huelga reconocido a los sindicatos. Sin embargo, la reforma constitucional de 1957 fue sancionada con ilegitimidad de origen.

Esos dos momentos, 1949 y 1957 marcaron la intensidad de la división política entre los argentinos hasta que en 1994 esa herida institucional se suturó. Con un gran aporte del justicialismo porque este partido dejó de reclamar el regreso a la Constitución de 1949; aceptó que aquel proceso había partido a la sociedad y que algunas normas de organización política y económica concentraban, enormemente, el poder en el Estado y en el Estado Nacional, en detrimento de las provincias y de la actividad privada. En la Constitución de 1949, el Estado nacional controlaba la importación y la exportación; tenía el dominio de todos los recursos naturales en perjuicio de las provincias; se restringía la propiedad y la libertad, al mismo tiempo que se consagraban los derechos sociales y se declaraba la función social de la propiedad y, por supuesto, se establecía la reelección indefinida del presidente de la Nación.

Por fin se convocó a la reforma constitucional de 1994, también con la voluntad política de obtener la habilitación para la reelección del presidente en ejercicio. Objetivo que del mismo modo se persiguió sin éxito durante la administración Alfonsín. Se sostenía, en este período, el nacimiento de un tercer movimiento histórico movido por el liderazgo presidencial. Esta recurrencia permanente a los liderazgos providenciales en los que se centraliza el poder y en quien se delegan las decisiones, una vez obtenida la legitimación democrática, deja de lado, de modo implícito, el ideario republicano, en especial su característica sustantiva, la división de poderes.

De todos modos –pese al afán por la reelección presidencial- la reforma de 1994 logró, primero, que se respetara el Art.30 de la Constitución Nacional en tanto la norma exige que para que el Congreso declare la necesidad de las enmiendas constitucionales se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros totales de cada una de las cámaras, decidiendo por separado cada una de ellas. Lo señalo porque están circulando interpretaciones acerca de que podría efectuarse una consulta popular vinculante para el Poder Legislativo quien, de esta manera se encontraría obligado a iniciar el proceso reformista. La cuestión fue debatida en 1993 y la celebración del Pacto de Olivos posibilitó el respeto irrestricto de ese requisito constitucional. Debiéramos mantenerlo ahora, estrictamente, porque el respeto de los procedimientos hace a la legitimidad de la reforma.

En segundo lugar, la Constitución de 1994 pudo suturar la ruptura de la legitimidad constitucional. Con el aporte del Partido Justicialista que dejó de reclamar la puesta en vigencia de la Constitución de 1949. De ese modo el Congreso declaró necesaria la reforma de la Constitución de 1853 con las reformas posteriores, incluida la que se sancionó en 1957, convocada por el gobierno de facto de entonces. Esta reforma –una paradoja más de la historia argentina, vuelvo a reiterarlo- reconoció los derechos del trabajador y de los sindicatos con una extensión mayor que la de 1949.

En la reforma de 1994 –con sus imperfecciones- se logró, por fin, una Constitución sancionada sin proscripciones políticas de ninguna especie y con la participación de convencionales constituyentes de un amplio esprecto social, no sólo político. Fue, por fin, una Constitución que unía en la diversidad social, que reconocía expresamente a las organizaciones del sector social. Estas organizaciones, tanto como la libertad de expresión, fortalecen la democracia. Seguramente han reparado que la titular del Poder Ejecutivo suele justificar la ausencia de conferencias de prensa en que no necesita intermediarios para comunicarse con el pueblo. Su legitimidad proviene de la amplia mayoría que la votó y en ella se respalda. Pero ese modo de gobernar puede acercarse a lo que los politólogos denominan juego de suma cero: quien gana toma todas las decisiones y a quien pierde sólo le queda aceptar las decisiones de la mayoría sin siquiera el derecho a discrepar; la disidencia se interpreta como enemistad e impedimentos para gobernar.

Esa dinámica –y esa creencia- genera dos problemas para el propio oficialismo. En primer lugar puede perderse la gobernaza, el buen gobierno, porque los monólogos y la ausencia de crítica hacia adentro de los gobiernos hace más difícil advertir los errores y, en consecuencia, enmendarlos. Por otra parte, se puede debilitar la gobernabilidad -aunque el que detenta el poder parezca muy poderoso- pues quienes quedan al margen o son considerados enemigos sienten que no tienen espacio, tienden a no colaborar y, en la peor de las situaciones, a descreer de las instituciones como medios pacíficos para resolver los conflictos.

3. Los rasgos valorativos de la Constitución vigente

¿Cuáles son los valores que tiene la Constitución vigente? Yo diría que muchos, que además sorprendieron en su aplicación posterior y de modo positivo, inclusive a quienes la sancionaron.
No es exacto que la Constitución Nacional fue producto del consenso de Washington o que sus únicos rasgos sean neoliberales, como se ha afirmado recientemente por algunos de los que proponen la reforma. Aunque haya sido expresado de buena fe, es un error porque, entre otras modificaciones, la Constitución de 1994 otorgó jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos Humanos, declaró formalmente nuevos derechos y garantías –incumplidos en parte, sobre lo que mucho se debe trabajar todavía- y estableció equilibrios entre los derechos propietarios y contractuales –con el reconocimiento del mercado- y de los deberes de las autoridades para controlar las distorsiones de ese mercado o eventuales formas de monopolios naturales o legales. En suma, se armonizaron los derechos liberales con los sociales y las seguridades de los nuevos derechos tales como los de usuarios y consumidores y el medio ambiente.
En especial, resulta importante el Art. 42 de los ya mencionados derechos de usuarios y consumidores y el papel atribuido al Estado en su función de control de las distorsiones del mercado o el abuso de posición dominante, debiendo evitarse que sean las autoridades las que causen distorsiones y arbitrariedades en las relaciones económicas.

En la Constitución que nos rige, el Estado lo es todo menos ausente. Se le reconoce el ser árbitro entre los intereses, no gestor de los intereses; mantiene sus obligaciones básicas y primarias -que en ocasiones incumple o cumple mal: educación, salud, seguridad-; puede en determinadas circunstancias prestar alguna actividad económica, en principio subsidiaria, porque de lo que se trata, lo que se garantiza en la Constitución es de que las fuerzas creativas de los argentinos se desplieguen.

Esa potencialidad de los habitantes de nuestro país fue puesta a prueba en tiempos aciagos. Por eso no debemos perder las esperanzas. Hemos sabido salir de la gran crisis del 2001-2002 con el impulso, también, de la sociedad civil y esa experiencia tan rica del Diálogo Argentino que posibilitó la resolución de los problemas más inmediatos y graves de los habitantes más vulnerables, los que se desempañaban en el circuito informal de la economía. A más, dentro de la Constitución de 1994, se resolvió la crisis política, sin quiebra del sistema y se posibilitó la experiencia de una propuesta popular, la del Hambre más Urgente, ante las necesidades que emergían.

La Constitución vigente, en fin, cuenta con una disposición, la del Art. 75, inc. 19, que establece como deber del Congreso la defensa el valor de la moneda. Si esta norma se cumpliera no tendríamos la inflación que padecemos. El Art. 75, inc. 6º manda el establecimiento de un Banco Federal, deuda pendiente agravada con el retroceso que implicó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, al permitir a esta institución emitir para auxiliar a la administración.

Según lo interpreto, nuestra actual Constitución es progresista; con defectos sí, como toda obra humana. Quizás con declaraciones de derechos muy amplias, difíciles pero no imposibles de instrumentar; con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos, en una síntesis de identidad y argentinidad que suprimió las tentaciones secesionistas. Tiene, nuestra Constitución, el valor de haber surgido de acuerdos y consensos amplios. Lo que ocurra con la Ley Suprema dependerá de nosotros.

Debiéramos recordar las tres normas que se sancionaron en 2006. A mi modo de ver construyeron otra institucionalidad al margen de la Constitución pero los integrantes de la sociedad argentina, en su gran mayoría, guardaron silencio. Me refiero la ley de modificación del Consejo la Magistratura, a la ley de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes y la ley que modificó el artículo 37 de la ley de Administración Financiera y Sistema de Control. Por la primera de esas leyes, el oficialismo obtuvo mayor control sobre la magistratura judicial; por la segunda, logró menores limitaciones para la vigencia de aquellos decretos y por la tercera, el jefe de Gabinete de Ministros –en calidad de atribución ordinaria- fue habilitado para redistribuir partidas presupuestarias. Como lo señaló el Dr. Lavagna, hasta que él fue ministro de economía esa atribución tuvo carácter excepcional. Después de 2006, ni siquiera se requiere un decreto del Poder Ejecutivo, basta una decisión administrativa del jefe de Gabinete para redistribuir partidas presupuestarias.

Estas normas no fueron cuestionadas por los ciudadanos y le otorgaron mucho poder al poder político. Las reglas constitucionales, las instituciones no constituyen un impedimento del buen gobierno. Al contrario, garantizan los derechos de todos, grandes y pequeños; son las seguridades de que una magistratura judicial independiente e imparcial resolverá en justicia lo que corresponda. Pero las instituciones requieren que los ciudadanos les presten atención, las defiendan, dejen de lado la indiferencia. No están para entorpecer la tarea de quienes tiene legitimidad democrática para gobernar sino para recordar que hay límites y que el Estado también está sujeto a ellos.

El papel del Estado, precisamente, es el que hoy está en cuestión. Considero que debe de examinarse con cuidado y sin ira; tomando en consideración la experiencia en nuestro pasado y también en otras sociedades. El papel que la sociedad argentina quiere asignarle al Estado, a las fuerzas de la producción, del trabajo, a las organizaciones sociales, a los empresarios. También lo deberes que a éstos les cabe, Quizás, los seis golpes de estado que hemos padecido en el siglo pasado han creado una cultura en la que las instituciones pesan poco y se prefiere resolver los problemas caso por caso, peticionando a la administración, antes que por medio de reglas generales, estables y razonables.

En el diseño político, económico, social de la Constitución vigente existen las reglas para resolver los conflictos con equidad y justicia. Basta con cumplirlas, pese a las dificultades y los problemas.

4. ¿Otra vez hacia una Constitución partida?

Me parece –espero equivocarme o que reflexionemos para impedirlo- que estamos frente a la posibilidad de volver a sancionar una constitución con legitimidad partida. Es lo peor que nos podría pasar, que arrastrados por la cuestión de la sucesión presidencial usemos la reforma constitucional para crear un traje a medida.

Depende de nosotros.

TREMENDOS 16 AÑOS. Repasemos para sacar conclusiones. (Por Elena Maschwitz, Consultora Educativa y autora de “El cerebro en la Educación de la Persona”)

El proyecto de los Senadores Aníbal Fernández (Alianza Frente para la Victoria) y Elena Corregido (Alianza Frente Just. Chaco Merece Más) se debate en el Senado: establece el voto optativo para los jóvenes a partir de los 16 años. Voto que ningún movimiento o protesta juvenil reclamó, pero que para su implementación el PRO y el radicalismo proponen convocar a un plebiscito* para que la población lo defina, mientras que otros partidos lo miran con atención y lo discuten en sus internas.

Juzgar el grado de maduración de una persona es tarea para discutir a través de muchas disciplinas, pero llegado al punto de establecerla para legislar, podría considerarse hasta discriminatorio, establecer que una persona es madura para votar a los 16 y no lo es para casarse o establecerse comercialmente hasta los 18 y o sorpresa, recién alcanza la mayoría de edad a los 21. ¿Porqué votar a los 16 y pedir permiso para todo lo demás? Al mismo tiempo darle tan poca importancia al voto al no considerarlo obligatorio cuando se emite entre los 16 y los 18 años , sería como equipararlo a un ensayo de actividad cívica y cabe entonces preguntarse si un país, cualquier país, puede darse ese lujo considerando que el voto es la herramienta que construye el futuro.

El voto es la primera oportunidad que tiene el habitante para convertirse en ciudadano. Junto a otros electores construye y concreta un verdadero sistema republicano de gobierno. Votar es entonces un acto de enorme responsabilidad para el cual los ciudadanos deben estar convenientemente informados y capacitados. ¿ No les estaremos pidiendo demasiado entonces a una persona de 16 años, considerada como “niño o niña” en los tratados internacionales? ¿A una persona que en el 50% de los casos solo transita por la escuela secundaria y no la termina?
Cabe aquí responder a los que se preguntan qué diferencia substancial hay entre una persona de 16 y otra de 18 años. La respuesta es sin duda la educación** que es el entrenamiento para la vida y el trabajo que da la dedicación metódica a la adquisición de conocimientos, y también a un mayor tiempo de maduración en lo social, de trato y aceptación del otro. Un poco más de tiempo para convertirse en ciudadano.

Hasta ahí la realidad. Entonces el sentido común nos indica que una ley que permita votar desde los 16 años, debería ser estudiada con seriedad para no caer en improvisaciones y apuros, ya que no está en la prioridad del ciudadano.

*La Constitución Nacional no contempla llamar a un “plebiscito”, si a una consulta popular. Que necesita de una mayoría calificada en ambas cámaras para ser aprobada. Art. 40. (Capítulo Segundo. Nuevos Derechos y Garantías).
**La Ley Nacional de Educación(año 2006) establece que la educación secundaria es obligatoria.

La política en escuelas, por la puerta grande (por Norberto Rodriguez)

La construcción de ciudadanía, autónoma e independiente, y a la vez con espíritu crítico, es fundamental para asegurar una democracia plena. Esta no se agota en el acto electoral sino que requiere un intenso y permanente trajinar de la sociedad civil. En ese marco, la participación ciudadana desde temprana edad es saludable y deseable . En momentos en los que se discute con fervor sobre la “formación” o “adoctrinamiento” político en las escuelas, es conveniente acercar otra mirada propositiva.

¿Por qué no promover que sean las organizaciones de la sociedad civil (OSC), debidamente reconocidas y con trayectoria de responsabilidad, clara objetividad y pluralismo, así como apartidismo político, quienes participen en una articulación sana entre Estado y comunidad, de tal cometido formativo? Evitaría las suspicacias y recelos visibles en el debate al que asistimos.

La sociedad civil es una trama de relaciones y de recursos, culturales y asociativos, que debe cultivar la mayor autonomía posible del ámbito político y del poder económico . Moviliza los intereses de los ciudadanos para defender sus derechos. En esta concepción la comunidad política, por identificarla de alguna manera, se constituye para servir a la sociedad civil, de la cual deriva. La clase política se halla, todavía, en un incierto proceso de revisión. Por demasiado tiempo se colocó jerárquicamente por encima de la ciudadanía. ¿Responsables del error? No hay inocentes sino corresponsables: la propia dirigencia política y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que no hace mucho tiempo recuperaron el sentido vital de su existencia.

Los partidos políticos están llamados a facilitar y estimular la más amplia y genuina participación de la ciudadanía. En su rol importante pero subsidiario, deben interpretar y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil hacia el bien común.

No hay democracia sin partidos políticos independientes de los factores de poder y abiertos para recibir la brisa fresca que sopla desde las entrañas de la sociedad civil , expresada, generalmente, a través de diferentes organizaciones (OSC).

Es conveniente recordar que el bien común requiere del concurso ineludible de la sociedad civil, en sus distintas y diversas manifestaciones, naturalmente de manera organizada. Pensar que la dirigencia política per se habrá de dar respuesta a las demandas de una comunidad menos desigual y con horizontes de esperanza, constituiría una ingenuidad e iría en camino de convertirse en una negligencia social.

En síntesis, propiciemos fervientemente la formación ciudadana. Para no malograr el intento, dotemos al proceso de transparencia y aseguremos pluralismo. Hagámoslo sin oportunismo y con una lógica y contenidos consensuados.

Norberto Rodríguez es Secretario General de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA

Las Redes Sociales y el impacto en la vida cotidiana. Por Dra. Romina Cabrera.

En la llamada Sociedad de la Información, todos los protagonistas que integran la misma, nos vemos inmersos en un mundo tecnológico e interconectado antes jamás imaginado o planeado. La capacitación para la utilización correcta de las herramientas informáticas y el mejoramiento de los sistemas ha llevado a optimizar los recursos tanto técnicos como humanos, al servicio de la era digital.

El origen de las inquietudes que me llevaron a redactar este artículo, se resume en una pregunta: de qué manera, los seres seres humanos pueden utilizar estos medios de comunicación, al igual que el teléfono de línea, el celular, el correo electrónico o los foros, de manera equilibrada, razonable y con total libertad y resguardo de sus derechos, conociendo sus deberes, y respetando a sus pares? Tomando de ejemplo a la red social más famosa del planeta, facebook, podemos analizar algunas cuestiones referentes a sus lineamientos, estructura, y contenidos.
Este medio de comunicación, se ha tornado muy popular en este mundo globalizado, sin distinción de edad, sexo, ocupación, religión, raza o clase social. Es un punto interesante, en ese caso es antidiscriminatoria, cualquier persona que supere el límite de edad preestablecido por las políticas de la compañía, puede abrir una cuenta y crear su perfil sin ninguna restricción. Allí viene las cuestiones referentes a la vida cotidiana y su impacto social: la historia de cada usuario de la red se ve expuesta. Obviamente eso dependerá de los permisos que administre la persona que crea el perfil, los contactos que acepte, la configuración de la privacidad, o la seguridad que implemente al crear contraseñas, pero inevitablemente la información puede filtrarse fácilmente en el mundo web, ser atacada por algún cibercriminal, o simplemente por una acción inocente, descuidada o confiada del propio usuario.

El tema de las fotografías es un caso aparte: cada usuario decide que cosas exponer en la red y que debe evitarse, pero las etiquetas de las mismas, identificando a la persona con su imagen, pueden ser empleadas por cualquier amigo aceptado en la red como tal. En este caso, debería la compañía diseñar un sistema que permitiera elegir al usuario que fotos o datos deben darse a conocer públicamente y cuáles no, de manera más clara y eficiente. La llamada “reputación on line” , prestigio o imagen establecida por la web, puede ser menoscabada por una fotografía inapropiada o expuesta fuera de contexto. Los mejores currículums vitae en las grandes empresas, pueden ser rechazados por una reputación dudosa, o que se contradice con los ideales o principios de las mismas. Los departamentos de Recursos Humanos, toman como base de investigación de los postulantes a evaluar para acceder a ciertos empleos o cargos, la intervención de éstos en las redes sociales. La entrevista personal, realizada por un especialista con conocimientos psicológicos, pedagógicos o sociológicos, es remplazada en muchos casos por un análisis del comportamiento del postulante en las redes sociales y su seguimiento ( por ejemplo, en España se analiza cuantos amigos tiene una persona en facebook; cuantos eliminó o incorporó, sus preferencias, gustos, o la frecuencia de su intervención en las redes sociales, como si esto pudiera definir su idoneidad profesional o su perfil psicológico con exactitud), en vez de considerar los factores humanos, del contacto directo cara a cara en la entrevista personal, fundamental para cotejar los datos del currículum o averiguar las capacidades, aptitudes, o inquietudes del futuro empelado.

Desde el punto de vista del marketing y de la ingeniería social, las redes sociales constituyen el ámbito de exposición y conocimiento masivo de productos, como de captación de clientes. Lo que está en allí existe; es actual, innovativo, rentable, aceptable, popular. La gente lo querrá adquirir, porque conoció ese producto a través de facebook, por ejemplo; debe ser beneficioso, muchos lo compran. En materia de marketing político son muy útiles: los candidatos exponen sus discursos políticos al electorado a través de estos medios masivos de comunicación, y hasta pueden sondear digitalmente el impacto de su imagen en la ciudadanía o las preferencias de la misma, incorporando observatorios electorales on line.

La vida cotidiana pasa a ser parte del facebook, del twitter o del my space: los logros, los fracasos, las alegrías, las tristezas, las expectativas, los miedos, todo. O sea, sin face, hay carencia de protagonismo en la sociedad, pareciera.
La libertad de expresión en internet, es un punto controvertido: se contrapone a los derechos de intimidad, protección de datos personales, y propiedad intelectual. Creo que la solución es recurrir a normas jurídicas equilibradas y sociales, fundamentalmente: un derecho finaliza donde comienza el del prójimo. SE DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS.
Las redes sociales tienen grandísimos beneficios: comunicarse con gente lejana, trabajar on line, reencontrarse con seres queridos, buscar, pedir, brindar o compartir información de manera antes impensada (por ejemplo, con fines solidarios o científicos); pero estas acciones deben realizarse en forma gradual, equilibrada y razonable, sin permitir que la red o el flujo de información invadan nuestra mente, cuerpo y alma.

El hombre es un ser libre, goza de su libre albedrio en la sociedad democrática, tal como es concebida. Debe procurar que la tecnología contribuya a su desarrollo y evolución, y le permita gozar más de su tiempo libre, para expresarse, crear y disfrutar del ocio, en la medida justa, y no volverse un verdadero esclavo de ella. Debe utilizar las herramientas informáticas para mejorar la calidad de vida y los avances científicos; no para ser dominado por las mismas.


AUTORA: ROMINA FLORENCIA CABRERA. ABOGADA E INVESTIGADORA. UNLP, CALP. ARGENTINA.

DIRECTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE ASCASEPP, ASOCIACIÓN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA, REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE INTERIOR DE ESPAÑA nº 591967, DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES.
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO E INFORMÁTICA; DEL INSTITUTO DE DERECHO POLÍTICO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LA PLATA, ARGENTINA; Y DEL INSTITUTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO SANCHEZ VIAMONTE, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA.

FUENTES: FROMM ERICH ; MARISCAL ENRIQUE; SUMMER ELÍAS MIGUEL; TELLEZ JULIO.

Las Olimpíadas, la libertad y nosotros. Por Dora Moneta.

Al comienzo de la gran fiesta de clausura de las Olimpíadas, un gran cartel lumínico se desplegó en las gradas con la palabra FREEDOM, libertad en nuestro idioma. Esta palabra recorrió el estadio mientras miles de personas acompañaban la música y no pude dejar de pensar en los numerosos atletas que quizás se estaban preguntando por el significado de FREEDOM en sus propios países.

¿Qué hace que un país se considere libre y que la libertad sea su modo de vida? La libertad al igual que una medalla olímpica, es la suma de todos los esfuerzos voluntariamente asumidos, es un premio a la constancia y al trabajo en equipo, a la entrega personal y sobretodo al respeto por el contrincante.

El sentido de la libertad está para los argentinos delineado desde hace muchos años en la Constitución Nacional. Aun habiendo sufrido tropiezos a lo largo de nuestra historia y perdido puntos para el medallero, la idea del podio sigue vigente. Sólo que el logro de la medalla dorada será posible siempre y cuando no pretendamos cambiar las reglas del juego y nos dejen fuera de la competencia.

Plan de vivienda con débil sustento jurídico. Por Daniel Sabsay PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA)

La carencia de viviendas de que adolecen millones de argentinos nos lleva a mirar con simpatía el reciente plan lanzado por el gobierno nacional. Pero más allá de compartir el propósito de proveer de una vivienda digna a quienes no la tienen, la iniciativa del Poder Ejecutivo debe llevarse a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes.

Lejos de ello, otra vez se ha recurrido a un decreto de necesidad y urgencia aduciendo circunstancias excepcionales que hacen “imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución nacional para la sanción de las leyes”. Esta fórmula se ha transformado en un ritual apto para el ejercicio de funciones legislativas en abierta oposición a la prohibición que como principio general contempla el art. 99, inc. 3° de la Constitución , el que sólo puede ser franqueado cuando se presentan conflictos armados, catástrofes naturales u otros sucesos similares según la Corte Suprema.

El decreto 902/12 crea un Fondo Fiduciario para la construcción de viviendas familiares únicas, y permite que los proyectos puedan desarrollarse sobre terrenos del Estado nacional para lo cual autoriza al PEN a disponer su desafectación y transferencia a otras jurisdicciones. Así las cosas, se soslaya lo establecido en el art. 75, inc. 5 de la Constitución que le asigna al Congreso la facultad de “Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.

Si bien en el decreto se señala que los fondos de PROCREAR provendrán fundamentalmente del Tesoro Nacional, la Presidenta ha señalado que se utilizarán los del ANSES en violación de lo que contempla el marco jurídico que regula el sistema previsional argentino , que determina que la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Y la ley 26.222 prevé que el activo del fondo de la Administración se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad, es decir que sus inversiones deben ser retributivas, lo que no ocurre en nuestro caso pues se tratará de préstamos a largo plazo con un interés de solo el 2 al 4%.

Sorprende que el Ejecutivo funde la iniciativa en el derecho a la vivienda digna previsto en el art. 14 bis de la constitución y al mismo tiempo desconozca que la mencionada disposición obliga al Estado a otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter de integral e irrenunciable . En ello se fundan las sentencias de la Corte Suprema en los conocidos casos Badaro I y II, en los que se reconoce la movilidad jubilatoria que le permita al demandante la reparación adecuada del menoscabo que ha sufrido por la falta de una oportuna adaptación de su haber a los cambios en las condiciones económicas. Como sabemos, pese a ello, la ANSES no da cumplimiento a lo solicitado por nuestro máximo tribunal y obliga a los perjudicados a recurrir a la vía judicial y de este modo incumple sus sentencias . En suma PROCREAR les saca a unos -los jubilados- para darles a otros, irrumpiendo en la competencia del Congreso y haciendo caso omiso a lo decidido por la Corte Suprema. En un Estado de Derecho las decisiones de sus autoridades deben someterse al imperio de la ley, caso contrario la calidad institucional decrece y poco a poco se instala el autoritarismo.

Fuente: Clarín

La reforma de la Constitución bajo la mirada de los máximos expertos en Derecho Constitucional.

Dr. Alberto Dallavia: ¿Para qué reformar la Constitución?

Cuando América latina recuperaba la democracia, durante la "tercera ola" de los años 80 del siglo pasado, ninguna Constitución de esta región contemplaba la reelección presidencial.

Por el contrario, era consustancial a la forma republicana de gobierno el principio de limitación del poder que el presidencialismo latinoamericano interpretaba como acotamiento del mandato presidencial. Entre nosotros, Juan Bautista Alberdi había recomendado darle todo el poder posible al presidente, pero a través de una Constitución. Esa fórmula no hacía más que reconocer la realidad de una América del Sur en donde había prevalecido la "dominación carismática" de virreyes y caudillos, limitándola para que la tiranía de la ley prevaleciera sobre la tiranía de los hombres.

En años más recientes, la reelección presidencial fue la gran protagonista de las reformas constitucionales en el continente, incluyendo la nuestra de 1994, que en ese punto tomó como modelo la Constitución de Estados Unidos, admitiendo la posibilidad de reelección de un solo mandato. El resultado conocido de esa mala experiencia regional se reflejaría en las llamadas "crisis del segundo mandato".

Se argumentó que se morigeraba el "hiperpresidencialismo hegemónico", pero en realidad sucedió todo lo contrario y, una vez más, como tantas veces en la historia, el Poder Ejecutivo emergería fortalecido frente a los otros poderes, especialmente frente a crisis como la de 2001-2002, cuando asoma, como telón de fondo, el fantasma de la anarquía.

En nuestros días aparece en escena la reelección indefinida como figura inspirada en la "presidencia perpetua" de Simón Bolívar, quien fue un gran guerrero y un gran libertador, pero un mal gobernante. A pesar de eso, no faltan los teóricos de convicción decisionista, dispuestos a justificar la permanencia de un líder cuando su figura se identifica con un proceso de transformación popular y revolucionario. La historia de la humanidad registra muy graves experiencias de ese tipo.

El autodenominado "nuevo constitucionalismo" o "constitucionalismo popular" es otra manifestación de un populismo creciente, bien dispuesto a descalificar a los defensores del derecho constitucional como una legión de formalistas influenciados por prejuicios burgueses. No es más que una falacia que pretende denominar con un nombre prestigioso algo totalmente distinto, y hasta contradictorio.

Para llamar a las cosas por su nombre, basta recordar el artículo XVI de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: un Estado en el que la división de poderes no se encuentra asegurada y las libertades individuales garantizadas, no tiene Constitución.

El constitucionalismo es, al fin y al cabo, el resultado de siglos de lucha contra el despotismo y su contenido esencial es la limitación racional del poder como garantía de la libertad. Es uno de los progresos más importantes de la civilización occidental y del ámbito reglado donde sólo la verdadera democracia es posible.

En esta parte del mundo, el peligro no está en el gobierno de las leyes, sino en la peligrosa combinación entre populismo y reelección indefinida; el resultado no es otro que la exacerbación del hiperpresidencialismo.

Resulta inquietante que días atrás se hablara de reforma constitucional durante un acto político realizado en un salón de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Si bien la universidad pública es por tradición respetuosa de todas las expresiones, no hace más que contribuir a la confusión que en lugar de elegirse para ese acto una plaza pública se eligieran los claustros universitarios, que albergaban a un auditorio sin intercambio de opiniones en el que no abundaban los estudiantes ni los profesores.

El debate propuesto es la tan remanida opción entre presidencialismo y parlamentarismo, pregonadas las supuestas ventajas de este último por un prestigioso profesor de derecho penal, aun cuando todas las experiencias para implantarlo hayan fracasado.

Sería injusto adjudicar alguna iniciativa oficial al intento reformista y hasta el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó sobre su inconveniencia. Sin embargo, desde la Edad Media se sabe que en los contornos del poder siempre hay quienes son mas "papistas" que el propio Papa.

Cuando días atrás el gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó con claridad su aspiración presidencialista, limitó esa opción a que la Presidenta no impulsara una reforma constitucional. El fundamento de una modificación de la ley suprema no sería el parlamentarismo, sino la reelección. La discusión sobre la forma de gobierno es solamente "el pabellón que esconde la mercancía".

Las transformaciones en el derecho son constantes, como lo demuestran las trascendentes iniciativas para reformar el Código Civil y el Código Penal; sin embargo, la Constitución es una norma de otra naturaleza; debe ser perdurable y servir de punto de referencia a las generaciones y a los tiempos.

Muchas de las reformas introducidas en 1994 recién están comenzando a tener desarrollo en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Hay importantes temas que aún aguardan ser instrumentados, entre los que se encuentra la coparticipación impositiva enmarcada en un federalismo fiscal superador del colapso financiero en que se encuentran hundidas muchas provincias. Otra cuestión no menor se encuentra en el sistema de partidos políticos, que la Constitución define como "instituciones fundamentales del sistema democrático" y que deben fortalecerse como canales de expresión de un modelo representativo y también participativo. Es una ingenuidad abrir un debate sobre la forma de gobierno sin considerar el sistema electoral y el sistema de partidos.

Este año se cumple el centenario de la ley Sáenz Peña. No se trató estrictamente de una reforma constitucional, pero inauguró una importantísima transformación en la base de nuestro sistema democrático, colocándonos a la vanguardia de América latina al impulsar el sufragio secreto y universal, el padrón electoral y la representación política de la oposición.

Si no hay democracia sin demócratas ni república sin republicanos, tampoco habrá plena participación política sin partidos fortalecidos que sean representantes genuinos de una sociedad pluralista. Para tan trascendente objetivo tampoco es necesario reformar la Constitución.

Fuente: Diario La Nación

Dr. Ricardo Lorenzetti (Presidente de la Suprema Corte de Justicia): "No es necesaria una reforma de la Constitución".


El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, afirmó que "no es necesaria ninguna reforma de la Constitución" porque "la parte de los derechos, que es lo que le interesa a la gente, está más que reconocida". Las declaraciones se produjeron en momentos en que sectores kirchneristas impulsan la apertura de un debate en ese sentido , que incluso podría involucrar la duración del mandato de la Presidencia de la Nación.

"Lo que hace falta son decisiones legislativas para aplicar" esos derechos, dijo la máxima autoridad del primer tribunal del país, y puso de ejemplo que "hacen falta leyes para la vivienda porque (ese derecho) ya está en la Constitución".

En el marco de la jornada inaugural de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, en el Palacio Errázuriz, barrio porteño de Palermo, Lorenzetti se preguntó: "¿Qué vamos a hacer en caso de una reforma? ¿Agregar más derechos, que ya están en la Constitución?".

Fuente: La Nación online

Dr. Daniel Sabsay (Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires): "Eternizarse en el Poder".

Toda vez que se plantea una reforma constitucional, cabe preguntarse si ella es necesaria y oportuna. No es necesaria porque en 1994 nuestra ley fundamental fue objeto de una reforma mayor. Se trató de un exhaustivo trabajo que permitió la inclusión del capítulo “Nuevos derechos y garantías” en la parte dogmática, que desarrolla dispositivos para la defensa de la democracia, incluye los derechos políticos, la participación ciudadana, la protección del ambiente y de los derechos de los consumidores y usuarios y las garantías para la defensa de los derechos.

Asimismo, se estableció que los tratados están por encima de las leyes y, además, que algunos instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Gracias a estas modificaciones, ha sido posible hacer realidad el juicio a los responsables del último gobierno militar. Debemos destacar el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la cláusula del progreso social que indica que las decisiones del Congreso deben tender a dar satisfacción al desarrollo humano con justicia social, así como también al crecimiento armónico de la Nación y a la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar la integración territorial, entre muchos otros objetivos tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades. Estos ejemplos permiten comprobar que el nuevo “techo ideológico” de nuestra Constitución la ubica claramente dentro del constitucionalismo social y con una avanzada hacia el neoconstitucionalismo con los aditamentos más modernos a fin de evitar los abusos que provoca la globalización.

Por ello, nos sorprenden las razones que se esgrimen para impulsar una reforma constitucional. Se sostiene que el modelo de Estado diseñado en el texto constitucional no condice con los adelantos que se han producido en el mundo ya que el mismo constituye un fiel reflejo del neoliberalismo imperante en los años 90. Se agrega que resulta necesario incluir los derechos de incidencia colectiva como el ambiente y redefinir lo relativo a recursos naturales. Caso contrario, la ley fundamental operaría como una suerte de “bozal” para asegurar un modelo moderno y progresista de bienestar. Pareciera que quienes se manifiestan así no hubieran leído el texto reformado en 1994.

Frente a este panorama, los esfuerzos deben centrarse en lograr el cumplimiento de estas disposiciones, ya que desafortunadamente son numerosas las instituciones que, a casi 18 años de la última reforma, permanecen como letra muerta. Así sucede con el federalismo fiscal que propone el reformador a través de la sanción de una ley convenio entre la Nación y las provincias, con el respeto de la mayor parte de las prerrogativas reconocidas a los aborígenes, con la participación de las asociaciones de consumidores y de las provincias en los órganos de control, con la atenuación del presidencialismo, para sólo mencionar algunas de las más destacadas asignaturas pendientes. Cuál es el sentido de retocar nuevamente la ley suprema frente a tantas cuestiones sin aplicar.

Por último, tampoco la consideramos oportuna pues el verdadero objetivo que se persigue es la “re-reelección” presidencial. Consideramos que el esfuerzo de una reforma debe estar centrado en el mejoramiento de las instituciones fundamentales de la República en aras de satisfacer el bienestar general y no en el logro de metas personales. La pretensión de eternizar a alguien en el poder lleva a la mutación de un régimen democrático en otro de tipo autoritario. Los ejemplos de otros presidencialismos en los que esto ha ocurrido son numerosos, basta con recordar a Stroessner, Somoza, Duvalier y Trujillo. El Estado de Derecho se funda en la limitación del poder y no en su vigorización por medio de modalidades que desembocarán en “caudillismos” caracterizados por la personalización de un poder en cabeza de un líder “iluminado” y con pretensiones de ser “eterno”.

Fuente: Diario Perfil

"¿Para qué sirve la Constitución?"- por Martín Pancallo D’Agostino.


Cuando los principios y valores de la convivencia son razonables y respetuosos de la condición humana, asegurando los derechos de todos los habitantes; cuando quienes ejercen la autoridad lo hacen dentro de límites preestablecidos por las normas; entonces decimos que ambas cosas se complementan y funcionan armónicamente, determinando un régimen político democrático y estable, donde los conflictos naturales de la convivencia y del desarrollo, con sus accidentes, tienen vías de resolución pacífica y constructiva. Y aquí viene una segunda característica: es la mayor norma que nos brinda los fundamentos del orden y la seguridad.

Cuando los valores humanos y los derechos y garantías de la constitución están ubicados debajo de las atribuciones de quienes gobiernan; y los que mandan se consideran siempre justificados; entonces decimos que no se corresponden, generando, a través de contradicciones y conflictos, regímenes políticos autoritarios, autocráticos o dictatoriales que avanzan, directa o solapadamente, avasallando en forma creciente los derechos de los gobernados. Porque el poder que no encuentra límites, se expande natural y peligrosamente como un instrumento de dominio al servicio de la ambición. Y aquí tenemos una tercera característica de toda constitución: es una frontera -para todos-a la desmesura, a la egolatría, a la mezquindad y a la destrucción del otro.

Todas las sociedades, a través de los siglos, han transcurrido su evolución practicando y experimentando distintas formas de gobierno, muchas veces con consecuencias costosas para la condición humana. Fueron los instrumentos escritos, llamados constitución, los que fueron diseñando las formas de gobierno y las formas de estado; llegando a ser hoy el continente definitorio de lo que se quiere para una organización política. Entonces, una cuarta característica es la de ser un instrumento que condensa y decanta la voluntad y la cultura de una comunidad en una época.

La mayor evolución de las formas políticas se ha logrado con la elaboración lenta, trabajosa, llena de obstáculos, de un sistema que se ha dado en llamar democrático, que no es perfecto, lo que lo hace en permanente evolución, como son las obras humanas. Y aquí tenemos una quinta característica: las constituciones de los estados que pertenecen a la cultura occidental, sirven para dar forma y estructura a la protección de derechos y garantías y su convivencia con el ejercicio de la autoridad.

Definidos los términos de lo que se da en llamar democracia, ¿porqué costó tanto su constitucionalización; y porqué cuesta tanto preservarla?. Intentamos contestar diciendo que, en primer lugar es una obra hecha por humanos, cuya condición primera es la de ser imperfecta, como sus autores. Su esencia está hecha de libertades humanas, en cuyo interior anidan pasiones sanas y malsanas. En esto incluimos a quienes toca gobernar. De allí entonces que se busque compatibilizar el ejercicio razonablemente de los derechos respetando los derechos de los otros, con el funcionamiento de instituciones y leyes respetables por parte de todos. El resultado debería ser que la seguridad de todos esté debidamente garantizada. Pero ello no es una fórmula matemática; solo podemos decir que es una construcción paulatina; con marchas y retrocesos, permanente e inacabable.

¿Cómo lograr esta suerte de “maridaje” entre los derechos y el poder?. No es fácil. Depende de múltiples factores condicionantes que es necesario observar. Porque la democracia, como régimen político es, primeramente, una construcción de cultura social. Y, después, un pacto implícito en las conductas individuales, que se extienden en todos los ámbitos, especialmente en aquellos donde se ejerce el gobierno, que es de donde debe surgir un atributo importante que es la ejemplaridad”.Las conductas de quienes gobiernan generan comportamientos sociales afines. Si son buenas, la democracia será de buena calidad; de lo contrario, la democracia será solo una farsa y la constitución un ropaje de hipócritas.

La ejemplaridad es docencia capaz de crear imitadores. La primera docencia la emite el propio texto de la constitución: una docencia republicana, que pretende inspirar una cultura apropiada al sistema. La segunda docencia debe provenir de los operadores diversos que tienen poder de decisión y de influencia en la sociedad.

La democracia constitucional, a pesar de ser un texto escrito, es un ideal de inacabable construcción, porque, a pesar de ser siempre incompleta, tiene la virtud de ofrecer nuevas opciones y alternativas ante cada realidad distinta. Y aquí está la diferencia con los sistemas políticos dictatoriales, que se perfilan solos, sin requerir el asentimiento de la sociedad; pero finalmente terminan en dramáticas encrucijadas sin opciones.

La Constitución Argentina exterioriza su identidad democrática al establecer la forma representativa, republicana y federal. Esa ha sido la voluntad política originaria. Y ella sirve para albergar y dar perdurabilidad a los contenidos básicos: reconocimiento de los derechos de la persona y sus garantías; y división del poder político y límites a la autoridad que lo ejerza. ¿Cuáles son los valores que le dan sustento? Igualdad, justicia, paz, unión, libertad, seguridad, entre otros. Esa es también su ideología.

¿Podría mantenerse el orden social y la convivencia pacífica si se vaciara la constitución de estos contenidos?. Evidentemente no, pues la constitución ya no sería la ley fundamental; y las demás leyes serían instrumentos hechos a la medida de cualquier déspota; y la sociedad quedaría a merced de esa autoridad sin frenos. No es necesario llegar a estos extremos para vislumbrar estados sociales de anomia, acompañados por gobiernos que ignoran la supremacía de la constitución y las leyes fundamentales.

Para que esto no suceda, en el camino, nos toca ser vigías del sistema democrático, tomando la Constitución como una vara para medir la actuación de los gobernantes y de nuestras propias actitudes.
En este sentido, la constitución marca el principio de un camino conjunto, que no se agota mientras haya vocación; y a la vez marca la frontera que no se debe trasponer.

He aquí para qué sirve la constitución y porque, frente a ella, no cabe la indiferencia.

"Un modelo de vida que rechaza poderes absolutos"- por María Angélica Gelli ABOGADA CONSTITUCIONALISTA.


Después de un largo camino que se inició en mayo de 1810 con el proceso de independencia, la República Argentina pudo darse a sí misma una Constitución en 1853. Esa primera Ley Suprema aceptada por los pueblos de las Provincias Unidas se sancionó, sin embargo, con la ausencia de la Provincia de Buenos Aires, incorporada recién en 1860 al Estado Federal.

Le costó mucho a nuestro país tener una Constitución que organizara el gobierno nacional respetando las autonomías provinciales y garantizara los derechos de todos y, más aún, mantenerla vigente y respetarla. Las luchas por la independencia y las contiendas internas entre las provincias demoraron su sanción.

Los golpes de Estado -seis en el siglo XX- quebraron la institucionalidad política, afectaron la credibilidad en el sistema y diluyeron las responsabilidades de gobernantes y ciudadanos en el incumplimiento de la promesa y el proyecto constitucional.

Pero hace ya más de veintiséis años -casi una generación de argentinos nacidos bajo el imperio de la Constitución Nacional- que hemos sido capaces de mantener la democracia, eligiendo a nuestros gobernantes en elecciones libres y sin proscripciones. Es mucho teniendo en cuenta los enfrentamientos políticos y las tragedias de nuestra historia y, sin embargo, pende sobre la responsabilidad colectiva la construcción de un país que los padres fundadores sintetizaron en los objetivos del Preámbulo de la Constitución -constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad- y en esa invitación, generosa, libertaria, a todos los hombres del mundo que quieran compartir el sueño de construir una Nación plural.

Ese texto de 129 artículos dice mucho y exige más. Es expresión de la república democrática y federal, manifestación de la soberanía popular y garantía de los derechos personales y colectivos. Del ejercicio de esa soberanía originaria nacieron poderes de gobierno limitados que deben controlarse entre sí.

En el modelo constitucional de la República Argentina no hay -no deberían existir, ni de derecho ni de hecho- poderes absolutos ni gobernantes que pretendan ejercerlos. Lo impide la libertad, la igualdad y la dignidad de todos y cada uno de los habitantes del país.

Democratizar la Constitución, acercándola al hogar de cada uno, comprometer nuestra responsabilidad en su cumplimiento, demandando un buen gobierno para que todos tengan un hogar, puede constituir el inicio de una celebración del Bicentenario de Mayo.

Aquello que aprendimos en la escuela acerca de que "el Pueblo quiere saber de qué se trata" se tradujo en la Constitución Nacional en el acceso irrestricto a la información sobre los actos de gobierno, en la libertad de opinión y crítica para que el pueblo, conociendo qué pasa en realidad, rectifique o convalide sus propias opciones electorales.

Estamos aprendiendo la democracia y la república por contraste con todo lo que no es democrático ni republicano desde la perspectiva constitucional.

Por eso es tan importante que la información circule sin bloqueos y sea plural. La diversidad de voces permite reflexionar y comparar, aprender en suma. Los déspotas quedan muy expuestos cuando hay libertad.

Hoy, cuando la sociedad parece atrapada en la controversia política sin atenuantes, conviene recordar que, pese a todo, la sociedad argentina -impaciente y poco propensa a examinar sus propias responsabilidades en las crisis y los desvíos institucionales- no repudió la democracia recuperada.

Queda por incorporar a nuestras vidas el valor de la Constitución, de la ley que nos une en la diversidad social y política.


Artículo publcado en el diario Clarín el 24 de mayo de 2010. Año del Bicentenario.


"La Auditoría General de la Nación"- por Martín Lorences.

La lamentable tragedia de la línea Sarmiento que ocasionó el fallecimiento de 50 personas y otras 676 personas heridas ha colocado en el centro de la escena política al Titular de la Auditoría General de la Nación, el Dr. Leandro Despouy. ¿Qué es la Auditoría General de la Nación? ¿Por qué está vinculada con un lamentable suceso como fue el siniestro ferroviario? ¿Cuáles son sus atribuciones? Veamos.

Que nuestra forma de gobierno sea del tipo republicano implica - además de la división del ejercicio del poder en distintos órganos de gobierno - la rendición de cuentas a la ciudadanía de sus actos y decisiones, a la vez que tienen que instrumentar mecanismos de control de la administración pública, siempre con el objetivo de combatir la corrupción y el mal manejo de fondos públicos. En este contexto nuestra Constitución Nacional estipula en su artículo 85 que el control externo de la actividad económica y financiera que desempeñe el Órgano de gobierno ejecutivo y sus dependencias, es una atribución propia del Congreso de la Nación, mediante el examen y la opinión sobre tanto la legalidad, el desempeño y la situación general de la administración pública. La opinión y el examen que le corresponde entonces al órgano de gobierno legislativo deben basarse en los dictámenes producidos por la Auditoría General de la Nación, la cual tiene a su cargo el control de legalidad y gestión de todas las actividades mencionadas anteriormente por parte del Poder Ejecutivo. En definitiva, según lo expresa nuestra Constitución la Auditoría va a ser un organismo de asistencia técnica del Congreso, es decir éste va a designar a los miembros de la Auditoría, pero esta va a contar con autonomía funcional.

La Auditoría entonces, va a elaborar dictámenes sobre la legalidad y la gestión de la Presidencia de la Nación con respecto a la materia económica, financiera y patrimonial de la administración pública. Con respecto a la legalidad, el control por parte de la Auditoría implica la verificación de que el accionar y desenvolvimiento del ejecutivo se ajuste y no contraríe las normas vigentes. Sobre el control de la gestión, consiste en la evaluación de la oportunidad o conveniencia de las decisiones tomadas por el ejecutivo. Ahora bien, las atribuciones de control por parte de la Auditoría General de la Nación se agotan en la elaboración de un informe o dictamen sobre el estado de la administración, que se le debe remitir al Congreso de la Nación, ya que es este quien en última instancia tiene la facultad de impulsar las correspondientes sanciones en caso de ser estas necesarias. La Auditoría no posee facultades sancionatorias.
La Auditoría General de la Nación está compuesta por un presidente del órgano mas seis auditores. De acuerdo a nuestra Norma Suprema el presidente de la Auditoría debe ser designado a propuesta del partido de oposición al partido del presidente de la nación que tenga más legisladores en el Congreso. Los otros seis auditores son elegidos tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados. Para ser auditor es menester ser argentino, con titulo universitario de carreras afines con las Ciencias Económicas y el Derecho. Los auditores duran en su cargo 8 años y pueden ser reelegidos.

Actualmente el Presidente de la Auditoría General de la Nación es el Dr. Leandro Despuys, designado por la Unión Cívica Radical como partido político de la oposición con mayor cantidad de legisladores en el Congreso.
El ferrocarril como transporte público es definido como un servicio público, es decir, su existencia es esencial para el devenir y el desarrollo de nuestra sociedad. Como servicio público, el Estado es quién garantiza siempre el funcionamiento y prestación del mismo. En este caso el servicio es brindado por una empresa privada como lo es TBA S.A. pero siempre cuenta en última instancia con el control del Gobierno Nacional. En el año 2008 la Auditoría General de la Nación en cumplimiento de sus atribuciones elaboró un dictamen donde manifestaba que la empresa TBA S.A. estaba prestando un servicio deficitario, sin el adecuado mantenimiento de las formaciones, sobre todo en el sistema de frenos. Teniendo en cuenta el dictamen de la Auditoría y los lamentables hechos del fatídico miércoles 22 de febrero no quedan dudas que el servicio prestado por la empresa TBA S.A. es sumamente ineficiente, pero también es preocupante el control del Gobierno sobre los servicios públicos de tamaña envergadura como lo es el ferrocarril.

La Auditoría General de la Nación tiene atribuciones limitadas de control de la administración pública, es el Congreso en última instancia quien puede ejercer el debido control. El Congreso, compuesto por Diputados y Senadores, debe velar por representar los intereses y preocupaciones de la sociedad. Es nuestra obligación como ciudadanos el exigir que aquellos que hemos elegido para que gobiernen en nuestro nombre y en nuestro beneficio desempeñen correctamente sus respectivos cargos. Para esto debemos despertar del desinterés, de la apatía, pero por sobre todo conocer los deberes y atribuciones de los órganos de gobierno. Solo así seremos una ciudadanía madura.

"La verdad sobre Malvinas. La historia de 1883"- por Sofía Laferrère de Pinedo.

Este relato, está basado en el expediente del proceso que le hicieron al Teniente Coronel de Marina Don José María de Pinedo, para esclarecer la conducta que tuvo en la Isla de la Soledad y que obra en poder del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.*


*Dicho expediente está publicado en su integridad en el libro: “Malvinas, su extraño destino” de Enrique Pinedo (Ed. Corregidor, 1994).

Habla el Teniente Coronel de Marina, Don José María de Pinedo.

El 9 de marzo de 1833, yo el Teniente Coronel de Marina, José María de Pinedo, fui condenado a mi absoluta separación de la Marina y suspendido de mi empleo por cuatro meses, después de los cuales fui incorporado a la Plana Mayor del Ejército permanente.
El procedimiento judicial que llevó a esa condena, tuvo reconocidos errores pero, prescindiendo de ellos, quedará para siempre en mi ánimo haber sido acusado de no impedir que fuera arriado en la Isla Soledad de nuestras Islas Malvinas el pabellón de la Argentina y que se enarbolara en su lugar el de Su Majestad Británica.

Cuando a bordo de la Goleta Sarandí salí del Puerto de Buenos Aires el 22 de septiembre de 1832, hacia las Islas Malvinas, con órdenes precisas del gobierno de Buenos Aires, lejos estaba de imaginar los hechos que pasaré a relatar.
Llegué al Puerto de San Luis el 6 de octubre y cumplí con las instrucciones del Ministro de Guerra y Marina de poner en posesión del mando de las Islas al mayor Don Esteban Mestivier. Con él venían su mujer, tropas y sus familias y varios individuos más conectados a Don Luis Vernet. El tiempo estaba horrible. La lluvia, la nieve y el viento no hicieron posible que cumpliera ese cometido sino tres días después, en que pudimos también afianzar con salva el pabellón nacional en emotiva ceremonia. ¡Tan lejos! ¡Tan solos en esa geografía inhóspita y perdida!.

Habiéndome asegurado de que todo estaba en orden, salí el 21 de noviembre a recorrer las islas por la costa Sur para detectar barcos piratas, según las órdenes recibidas. Encontré dos buques americanos dedicados a la pesca de ballenas: el Bergantín Unax que había perdido sus anclas, al que auxilié para asegurarlo hasta que llegara una fragata americana con la que debía reunirse y, en la Isla Nueva, avisté a la goleta Sol, dedicada a la pesca de lobos en esa isla, lo que le prohibí y ordené que se fuera. El hombre huyó y me costó una mañana entera perseguirlo hasta que le di caza en un puerto de la isla. Parece que había tenido varios episodios con un buque americano y otro con Bandera oriental que andaban armados y a los cañonazos, no respetaban a nadie y se habían dirigido después al Estrecho de Magallanes. Yo sabía que el buque de bandera americana estaba cometiendo actos de piratería, ya que en el Puerto de la Soledad, habían obligado a los peones a la fuerza a que les dieran carne, a balazos mataron varios caballos y se llevaron los cueros. Resolví entonces perseguirlos hasta el Estrecho, sin éxito, y emprendí la vuelta a Malvinas, puerto de San Luis, el 26 de Diciembre adonde llegué el 29.

El 30 a las seis de la mañana vinieron a mi bordo dos botes, uno de la goleta inglesa Rapid, a la que yo le había facilitado mis carpinteros para arreglos que necesitaba, y el otro con el Ayudante argentino Gomila armado de pistola y sable, con dos individuos de la isla. Las noticias que traía no eran buenas: en la isla había habido un motín de la tropa a su mando, habían asesinado al comandante Mestivier, tenía siete presos en la goleta inglesa Rapid que estaba en el puerto por los trabajos de refacción, y el resto de la tropa se encontraba en

pleno desorden.Yo me dirigí enseguida al puerto, bajé a tierra y encontré efectivamente todo en desorden y abandono y los cómplices del motín en pleno saqueo. Le di orden a Gomila de que me pasase un parte urgente y que mandara a formación. Como no había otro oficial, tuve que nombrarlo fiscal de la causa y al subteniente Luciano Listas de 19 años, secretario. El 1º de Enero se me presentó Listas con acusaciones de las trapisondas que estaba haciendo Gomila, quien al parecer tomaba mal las declaraciones y ponía lo que se le daba en gana. Tres vecinos apoyaban sus denuncias y agregaban que era un personaje criminal, que mientras estaba al mando favorecía el desorden, que amenazaba a la tropa y tiraba tiros de bala al aire; que esa noche dijo a la tropa que se llevaba a la mujer del finado Mestivier a los cerros, que la insultaba y había dejado que le robaran todo; que la obligó a vivir con él en la misma habitación y festejaba la muerte de su marido, diciéndole que por bárbaro le había pasado todo eso.
Indignado llamé a Gomila a bordo, le reconvine severamente por su conducta, le obligué a que me entregara el reloj que le había robado a Mestivier cuando lo mató, haciendo alarde y mostrando la hora a su esposa a cada instante. Dejé al hombre arrestado, armé algunos soldados míos al mando del sargento y bajé a tierra para poner orden en una tropa de 18 individuos, entre ellos varios criminales. Los amenacé con un castigo terrible si no mejoraban su comportamiento, recogí todo el armamento que se hallaba en parte destrozado y los mandé a bordo junto con dos soldados que habían hecho atrocidades con el finado comandante arrastrándolo a los golpes. Por suerte el resto de la tropa quedó contenta y fue el primer día de paz después del asesinato.

Poco duró la paz y mi necesidad de estudiar con tranquilidad una salida a la situación inesperada en que me encontraba. Eran las 9 de la mañana cuando vimos entrar una Corbeta de guerra inglesa, la Clio. Envíe a un oficial mío Mr. Mason y al cirujano de la Sarandi Dr. Clark a ver que significaba la visita. Su Capitán, el inglés Onslow, sin dar explicación, les dijo que tenía que hablar conmigo y que apenas aferrara su velamen, se apersonaría ante mí. A las 3 de la tarde llegó acompañado por dos oficiales y, a boca de jarro, dijo que venía a tomar posesión de las Islas Malvinas ya que pertenecían a S.M.Británica. Procedía del Río Janeyro acompañado de otra fragata y tenía orden terminante de poner el Pabellón Inglés, de embarcar a nuestra tropa junto con los demás habitantes y cargar todo lo que nos pertenecía para llevarlo a Buenos Ayres. Me ordenó que hiciese arriar la bandera argentina que estaba en tierra a la mañana siguiente.
Yo no podía salir de mi asombro y me negué a cumplir sus pretensiones sin antes recibir órdenes de mi Gobierno, ya que mi misión era justamente traer a las nuevas autoridades argentinas. Le protesté que bajo su palabra de honor me dijera si estábamos en estado de guerra con la Gran Bretaña. Me aseguró que no, que su misión era continuar con la amistad y el comercio de siempre y que le extrañaba que yo no supiera nada de eso. Quedó en mandarme la comunicación con las supuestas órdenes dadas por el Jefe de las fuerzas de Su Majestad Británica. No variaban en nada las pretensiones del marino. Al no tener yo las órdenes de mi gobierno, traté al instante de resistirme y no consentir lo que se me pedía.

El drama era que toda mi tripulación desde el contramaestre a los demás oficiales, eran ingleses, excepto 4 marineros y 6 muchachos, 3 de edad de 10 a 12 años, de capacidad nula y 14 hombres de tropa, tres de ellos ingleses. Así fue que los reuní, haciéndoles ver cuál era su deber y cuál el mío y que al día siguiente tendrían que hacer fuego al pabellón inglés y sostener el honor del pabellón a quien servían. Les pedí que ellos, como ingleses, me hablasen francamente. Me contestaron todos a una, que ellos eran ingleses y que pertenecían a esa Marina que habían servido, que no podían hacer fuego a su pabellón, que si fuera de otra Nación, ellos morirían a mis órdenes primero de ceder en nada, pero que les era muy duro hacer fuego al pabellón inglés.
A las 10 de la noche mandé al Capitán Mason y al médico a protestarle al comandante que yo no podía permitirle tomar posesión de las Islas Malvinas hasta no recibir órdenes de mi gobierno, y que si él quería hacerlo a la fuerza, yo resistiría a todo trance, que ese era mi deber. El Comandante dormía y no los recibió.

En el acto puse en libertad a Gomila dándole armamento y municiones para armar la tropa y diciéndole que a la mañana les daría órdenes. Mientras, preparé mi tropa a bordo municionándola y cargué la artillería a bala y metralla. En total a bordo y en tierra tenía 44 hombres. Con ellos debía enfrentarme a la corbeta inglesa, con una artillería tres veces superior en número y calibre que la mía y triple número de hombres. Yo no tenía ni siquiera oficial a quien hacer cargo de tropa en tierra. Para peor, las instrucciones de mi gobierno me prohibían expresamente hacer fuego a ningún buque extranjero, sólo que tuviera que defenderme cuando me viera atacado.
Esta situación me obligó a pasar a bordo del barco inglés para repetir al Comandante los mismos argumentos e indicarle que mientras no viniesen órdenes de mi gobierno yo no podía consentir ningún acto que vulnerara el objetivo de mi misión. El Comandante me repitió que no había estado de guerra, que la amistad y el comercio seguían como siempre, pero que sus órdenes eran claras. Poner el pabellón inglés en tierras de Su Majestad, embarcar oficiales, tropa, habitantes y propiedad de nuestro Estado y conducirlo a Buenos Ayres, respetar a los hombres que quisieran quedarse y respetar sus propiedades, que yo retirase mi tropa de tierra y arriase el pabellón argentino, que ellos triplicaban nuestras fuerzas y que, además, esperaban refuerzos.

Viendo perdida toda posibilidad de arreglo y - por qué no - de defensa, tomé la dura decisión de embarcar a los 16 soldados que se hallaban en tierra, para el caso de que hubiera que defender el buque, y nombré por un documento como Comandante Político y Militar de las Islas Malvinas a su capataz, Don Juan Simón, ordenando que no se arriase ningún pabellón argentino. A las 9 de la mañana desembarcaron en la punta del puerto de San Luis tres botes de la corbeta inglesa con 18 soldados, marinería, el Comandante y algunos oficiales y, al lado de la casa de un inglés, pusieron un mastelero e izaron su bandera en la Casa Comandancia. A unas cuatro cuadras se hallaba nuestro pabellón izado. Se dirigieron allí un oficial y un soldado, lo arriaron. La tropa se embarcó y un oficial vino a mi bordo entregándome la bandera. Yo sabía que mi posición era indefendible y mi tripulación pudo decir que, de haber peleado con la Clio, en poco tiempo la Sarandí se hubiera ido a pique.

Con la garganta cerrada, sin comprender todavía la gravedad de la situación insólita en que estaba y que debía resolver en soledad total, hice mi última protesta al Capitán inglés sobre la posesión de la Isla. Me contestó que en el caso de que yo hiciera fuego, me protestaba la paz que había entre nuestras Naciones, que tuviera en cuenta que me cuadriplicaba en fuerzas y que una goleta inglesa, la Rapid, estaba en el puerto. Yo tenía en claro cuáles eran las instrucciones que me dio el Superior Gobierno: “El Comandante de la Goleta de Guerra Sarandi guardará la mayor circunspección con los buques de guerra extranjeros, no los insultará jamás, mas en el caso de ser atropellado violentamente y que sólo hiciera fuego llenará en toda su extensión el artículo 41 del Código Naval...”
Impotente y teniendo que asegurar en todo caso el estado de mi tripulación y de los civiles, resolví embarcar a las familias, tropa y peones que elegían volver a Buenos Ayres. Llené mi aguada, recogí algunos útiles que estaban en tierra y, cuando la marea me lo permitió, dejé el suelo y los mares patrios.

Apenas llegado fui puesto en arresto y sometido al Consejo de Guerra de Oficiales. El juicio tuvo reconocidos errores de procedimiento. Además, los testimonios de tripulantes ingleses y otros como el de Gomila, acusado de homicidio y abusos a la mujer del Comandante Mestivier, carentes de verosimilitud en la mayor parte de sus pasajes, me pusieron en inferioridad de condiciones, acentuadas porque recién al final del juicio tuve un defensor en la persona del General Don Félix de Alzaga.
No obstante, la condena fue sugestivamente leve. Al final de mi vida, estoy orgulloso de mi foja de servicios posteriores. Mi decisión de volver de las Islas sin presentar una inútil batalla, tuvo el propósito de salvar vidas y bienes pero, más que nada, necesitaba dar parte de lo ocurrido a las autoridades, con la ilusión de que se decidiera volver con fuerzas superiores para expulsar al usurpador inglés.

Lamentablemente, otras eran las prioridades que ocupaban a nuestro gobierno en esos momentos.
Tiempo después tuve noticias de un juicio a que habían sido sometidos habitantes argentinos de las Islas por robos y acusaciones mayores. No me llamó la atención, porque eran tierras aquellas, donde no eran todos santos los que se le acercaban.
¡Quién sabe cuándo volverán a ser argentinas, para poblarlas en aras del progreso y del orgullo nacional!

Colofón

Muchos años después, en 1890, la Armada Argentina impuso el nombre de Pinedo a una torpedera de primera clase. En 1937, le fue colocado su nombre al rastreador M6, que fue reducido y vendido en 1969.
A fin de conocer la verdad, esta pequeña gran historia, medio oculta y desconocida, sobre la cual se están tejiendo versiones fabuladas y dañosas, debe ser rescatada del olvido y de la ignorancia recurriendo a las fuentes.

"Las Malvinas y el Estrecho"- por Eduardo Vila Echague.*

La ocupación de las islas Malvinas en 1833 no fue un hecho casual, sino el resultado de una política deliberada del imperio británico de afianzar su poder mediante enclaves que controlaran las principales rutas marítimas del mundo. Así fue como en 1713 ocupan Gibraltar en la entrada del Mediterráneo, en 1806 la colonia del Cabo en la división entre el Atlántico y el Indico, entre 1819 y 1824
logran establecerse en Singapur para controlar el estrecho de Malaca y en 1875 compran las acciones del canal de Suez, construido 15 años antes por los franceses, estableciendo gradualmente un protectorado sobre Egipto que duró hasta la Segunda Guerra Mundial.

El Estrecho de Magallanes no podía quedar ajeno a esta política. De no haber existido las Malvinas, los ingleses se hubieran visto obligados a ocupar el Estrecho o quizás la isla grande de Tierra del Fuego. Militar y políticamente era una operación aún más fácil que lo que fue en las Malvinas, ya que en aquella época era un área no ocupada por chilenos ni argentinos. Poco les hubiera importado el famoso 'utipossidetis', que si no fue respetado en España cuando ocuparon Gibraltar, menos lo hubieran hecho en estas remotas comarcas. Tampoco el hecho de tener relaciones diplomáticas cordiales con Chile hubiera significado diferencia, ya que lo mismo sucedía con Argentina.

En resumen, Chile debe estar agradecido de la existencia de aquellas islas, porque de lo contrario hoy estaría en la misma enojosa
situación que su vecino, reclamando sin éxito sus derechos sobre toda la región magallánica.


Eduardo Vila Echagüe
RUT 8.322.610-2
Santiago, Chile

*edovila@gmail.com

"Nuestra cultura jurídica tiene fisuras"- por Por Carlos E. Hartmann, entrevista a Susana Cayuso y María Angélica Gelli .*

Las leyes están para ser cumplidas, y el Derecho es, por definición, el plexo de normas que rige el funcionamiento de toda sociedad. Sobre esa piedra angular se asienta, con distintas tonalidades o matices, el orden jurídico.

La atracción por lo prohibido, que se remonta a la noche de los tiempos, encontró siempre -y más allá de las procedencias geográficas o el devenir de los acontecimientos históricos- a enjundiosos panegiristas. Por eso, en líneas generales, no es aventurado inferir que los argentinos, ya sea a nivel indidividual o colectivo, no se caracterizan precisamente por su riguroso apego a las leyes.

"Nuestra cultura jurídica tiene fisuras, flancos débiles y puntos oscuros, aunque también existen aspectos que pueden ser subsanados...". Ese es, en esencia, el "leitmotiv" o cuestión troncal que sobrevuela los diálogos periodísticos que transcribimos seguidamente.

Susana Cayuso y María Angélica Gelli, especialistas en Derecho Constitucional y con acrisolada trayectoria académica, manifestaron a La Prensa sus puntos de vista, con la finalidad de ayudar a desentrañar, desde un enfoque estrictamente jurídico, y no exento de agudeza e intuición femenina, la intrincada trama de ese costado de nuestra identidad.

-¿En qué medida, los argentinos cumplen o son respetuosos de las normas legales, tanto de la ley en forma abstracta, como de las decisiones o sentencias emanadas de los tribunales?

Susana Cayuso: El cumplimiento de las normas, cualquiera sea su naturaleza, exige como requisito previo conocer la finalidad que cumplen en un sistema democrático republicano. La pérdida de conciencia sobre las exigencias de tal sistema, tiene como consecuencia la indiferencia ciudadana al acatamiento de las reglas de juego o, lo que es aún más grave, creer que el respeto depende de los beneficios que se obtienen.

María Angélica Gelli: Uno de los defectos que parecen caracterizarnos, es la inobservancia de las normas que establecen criterios de convivencia social, necesarios y útiles para la vida en comunidad con algún grado de armonía. Resulta paradójico, pero es evidente el poco respeto por el espacio público -por definición de todos-, así como la privatización de hecho de esos espacios para el propio beneficio económico, y el maltrato a los bienes comunes. Estas conductas son aceptadas y en ocasiones defendidas por quienes se consideran a sí mismos progresistas, y postulan socializaciones varias. Según lo interpreto, esos modos de comportamiento social encierran actitudes puramente individualistas en las que los intereses, y hasta deseos personales inmediatos y coyunturales, prevalecen siempre. Basta observar qué se ha hecho -y se hace- con la bella ciudad de Buenos Aires, sus paredes y monumentos agraviados con leyendas y símbolos de todo tipo -que se multiplican día a día- para advertir cómo se imponen las pulsiones personales sobre los demás. Por cierto, los incumplimientos normativos por parte de las autoridades -por omisión o por acción- resultan más graves porque ponen en evidencia que las leyes son sugerencias obedecidas o no, según convenga. El incumplimiento de sentencias judiciales por parte de los poderes públicos, es no sólo un alzamiento a la división de poderes sino un espejo negativo en el cual nos reflejamos. - Leer más

* Susana Cayuso y María Angélica Gelli son especialistas en Derecho Constitucional.

Fuente/ La Prensa online

"La anestesia social de América latina" - por Julio María Sanguinetti .*

Decía Fernando Henrique Cardoso hace unos días, en una conferencia en Punta del Este, que estamos viviendo en América latina una suerte de anestesia, que obtura la sensibilidad frente a los fenómenos de corrupción o de ilegalidad.

Su expresión, evidentemente, estaba inspirada por el caudal de actos de corrupción que acumuló el gobierno de Lula, sin que a nadie se le moviera un pelo, pese a las fundadas acusaciones que hacía la prensa. Hoy, la nueva presidenta intenta corregir la situación, desalojando ministros más que sospechosos, pero todo indica que va a cosechar más problemas que aplausos.

En la Argentina, el caso Schoklender, denunciado en detalle por la prensa y comprobado ante la Justicia, no parece repercutir sobre quienes financiaron y prohijaron ese impune manejo de fondos públicos. No es políticamente correcto hablar del tema, porque la entidad que está involucrada viene santificada por los excesos de la dictadura y eso la cubre de un baño de inmaculada pureza. Leer más

*El autor fue presidente de Uruguay

Fuente/ La Nacion online

"JOSE BENJAMÍN GOROSTIAGA, ESE DESCONOCIDO" - por Martín Lorences.*

Hace unos meses, se ha cumplido un nuevo aniversario (120 años de su fallecimiento) de José Benjamín Gorostiaga, ocurrido el 3 de octubre de 1891. Es un personaje que tiene la peculiaridad de haber sido olvidado por todas las corrientes históricas de nuestro país. Gorostiaga fue el principal redactor de la Constitución Nacional de 1853 e incluso fue el principal defensor del proyecto de organización y unificación nacional en ese Congreso Convencional Constituyente de 1853 en Santa Fé que diera nacimiento a nuestra norma suprema, jugando un papel trascendental y protagónico en los debates que se produjeron en aquella oportunidad.

Contaba solamente con apenas 29 años de edad, cuando tuvo tamaña responsabilidad. Incluso cuando los demás convencionales constituyentes disfrutaban de encuentros sociales, fiestas, paseos y distintos honores con los que los agasajaron en Santa Fé, Gorostiaga trabajó infatigablemente durante un mes en la redacción del proyecto de Constitución que fuera aprobado con posterioridad. Más tarde ocupó el cargo de Diputado de la Nación, en los tiempos en que era necesario redactar las primeras leyes que fuesen conformes a la reciente Constitución. Con posterioridad fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cargo más distinguido al que puede aspirar un jurista, en dos períodos distintos 1865 – 1868, 1871-1887, incluso siendo su Presidente en el período 1877 hasta su jubilación en 1887, cumpliendo con la atribución de ese órgano de gobierno de ser el interprete último y final de nuestro norma suprema, de la cual había sido el principal redactor.

Hablamos de una Corte Suprema, que debido a su reciente creación no tenía antecedentes propios y que debía empezar formar criterios jurídicos fundamentales para los años venideros. Entre otros cargos destacados fue asesor de gobierno y auditor de guerra y marina en los primeros pasos del primer gobierno constitucional que encabezaba Justo José de Urquiza, fue convencional constituyente en la reforma de nuestro texto normativo en 1860 y en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1870. También fue miembro de la comisión encargada de reformar el Banco de la Provincia de Buenos Aires y fue candidato a Presidente de la nación en 1886 por el partido denominado Unión Católica.

Todos nuestros próceres tienen su lugar en la historia y con mayor o menor profundidad son conocidos por nuestros conciudadanos. Casi nadie puede decir que desconoce los esbozos fundamentales de la obra y las actividades de Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José de San Martín, Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, entre otros, pero estoy seguro que la mayoría de nuestra población desconoce que José Benjamín Gorostiaga fue el principal redactor de nuestra Constitución Nacional y miembro de la Corte Suprema de Justicia que tuvo la misión de realizar las primeras interpretaciones constitucionales . Esto es consecuencia del escaso apego que tenemos hacia nuestra Constitución Nacional en Argentina, donde ni siquiera se festeja, ni se conmemora ni se le otorga principal hincapié al 1 de mayo, día en que sancionara la Constitución Nacional, y por ende tampoco sabemos ni recordamos a sus redactores ni a quienes la inspiraron.

Por esto creemos que cada 3 de octubre será oportuno recordar a José Benjamín Gorostiaga, su obra, sus valores, pero también reflexionar sobre nuestro apego y compromiso hacia nuestra Constitución Nacional, con la expectativa de que de una buena vez por todas entendamos la importancia que tiene nuestra norma suprema como garante de nuestras libertades y garantías.

*Abogado. Lic. Relaciones Internacionales. Profesor de Educación Cívica en el colegio Esteban Echeverria. Profesor Auxiliar de Derecho Constitucional en la Universidad Abierta Interamericana.-

"Nutrición 10, Hambre 0"- por Ricardo Hara. Presidente de SOLIDAGRO y Gestor del Programa Nutrición 10 Hambre Cero.

La existencia de hambre y desnutrición en la Argentina, un país capaz de alimentar a más de 400 millones de personas -esto es, diez veces su propia población- no sólo representa un escándalo ético, sino también un condicionante que compromete su desarrollo futuro como nación.

El acceso a la alimentación es un derecho básico inherente a todo ser humano, pero muy especialmente para la niñez, por lo que su cumplimiento requiere de un compromiso que va más allá de los gobiernos, debiendo ser asumido por la sociedad en su conjunto.
Es sabido que en nuestro país, aún subsisten niños desnutridos y hogares con hambre, pero también existen problemas crecientes de sobrepeso y obesidad, configurando un cuadro preocupante de malnutrición.

Un dato importante a tener en cuenta es que en términos estrictamente alimentarios, el problema más frecuente no es la cantidad de comida que se come, sino la calidad global de la dieta y la calidad nutricional de los alimentos que la componen.
Por eso, es fundamental comprender y asumir que lo importante es la calidad más que la cantidad, ya que muchas intervenciones, aún bienintencionadas, suelen tener un “pensamiento” inverso y contraproducente, al priorizar la cantidad de alimentos sin tener en cuenta su calidad.

Un segundo problema relevante es que la dieta de los hogares argentinos, sean pobres o no, suele tener una marcada monotonía al concentrarse su composición semanal en no más de 30 a 40 ingredientes, cuando el número aconsejable debería ser al menos el doble, es decir, de 70 a 80 ingredientes.
En función de estos precedentes se plantea el innovador paradigma de Nutrición 10 Hambre Cero, impulsado por una amplia red de más de 1.500 instituciones de todo el país que genera, difunde y articula acciones y conocimientos relativos a la nutrición, promoviendo, para ello, la convergencia de los ámbitos públicos y privados en políticas efectivas y convergentes entre los sectores políticos, económicos y sociales.

En ese marco, superar el hambre, la inseguridad alimentaria extrema y su cruel reflejo en niños con desnutrición aguda, representan un imperativo prioritario en todo momento, ya que Argentina no puede permitir el flagelo indigno de que aún subsistan miles de niños desnutridos.
Sin embargo, elevar el piso de la política nutricional implica un desafío superador y absolutamente necesario, ya que Nutrición 10 significa no sólo Hambre Cero, sino también nutrientes esenciales cubiertos, obesidad decreciente, calidad de dieta y diversidad alimentaria asegurada.

Nutrición 10 Hambre Cero también es un concepto que procura una sinergia con otras intervenciones, asumiendo que las condiciones nutricionales, el cuidado de la salud y los controles necesarios en los “1.000 días claves” que van desde la concepción hasta los primeros dos años de vida de un niño son trascendentes en términos de desarrollo infantil y su capacidad de aprendizaje.
Asimismo, son fundamentales los controles de crecimiento, los cuidados higiénicos de las personas y su hábitat para prevenir infecciones, así como el cumplimiento del calendario de vacunación, en un marco de promoción humana de las madres y fortalecimiento del núcleo familiar.

En ese contexto, resulta también fundamental asegurar el acceso al agua potable y a un sistema adecuado de cloacas, por su incidencia directa sobre la calidad de los alimentos y de la salud.
Porque queremos y podemos dejar de ser una Argentina malnutrida, Nutrición 10 Hambre Cero representa una propuesta innovadora para trabajar en red, articulando esfuerzos públicos y privados para construir verdadero capital social.

El respaldo logrado en muy pocos meses por parte de más de mil quinientas instituciones demuestra que estamos en el camino correcto, no sólo por la magnitud del apoyo, sino también por su diversidad y extensión geográfica.
Se procurará reunir y articular bajo esta iniciativa el conocimiento con la responsabilidad social, puesta en acción por múltiples organizaciones de la sociedad civil así como con las políticas públicas, convergentes en áreas tales como los centros de atención primaria de la salud (CAPS), centros de prevención de la desnutrición, entidades educativas y comedores comunitarios, entre otros.

Estamos convencidos de que Nutrición 10 Hambre Cero representa un compromiso que vale la pena, porque en el mismo esfuerzo tendremos la recompensa: vivir hermanados en un país más integrado y justo, con mayor inclusión social e igualdad de oportunidades.
Una Argentina más próspera y equitativa, con desarrollo sustentable y plenamente integrada a la Sociedad del Conocimiento.

"Evolución del pensamiento político democrático a través de la historia argentina"- por Dra. Romina Florencia Cabrera*.

Desde las “polis” griegas, la República de Inglaterra, la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos y las posteriores invasiones napoleónicas , la idea de libertad y de un gobierno que represente la soberanía popular a través del voto, se ha ido gestando a raíz de los diversos acontecimientos históricos, políticos, sociales, económicos y hasta culturales.

Un estado representativo, republicano y federal, con bases democráticas, fue el origen del pensamiento de nuestros patriotas que lucharon fervientemente para que sus deseos fueran oídos y materializados en un orden jurídico apropiado para la liberación de nuestras tierras del dominio español y de toda nación extranjera, como expresa claramente el acta del Congreso de Tucumán, en el año 1816, en donde se declara formalmente la Independencia de las Provincias Unidas del Sur.

El primer grito de libertad se había manifestado el 25 de mayo de 1810, en virtud de los acontecimientos de que el Rey Fernando VII de España había sido depuesto de su gobierno monárquico, y el hermano de Napoleón Bonaparte, José, había sido coronado en el trono español. El poder del soberano ya no era legítimo, y reposaría en su verdadero dueño, el pueblo. Este es el manifiesto de Mariano Moreno, considerado el primer constitucionalista argentino, en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, junto a la participación de Castelli. Este último prócer había expresado anteriormente su ideal liberal en su Defensa de PAROSSIEN. La influencia de los clásicos franceses, Rousseau, Montesquieau, Voltaire, fueron de gran importancia como también en el caso de Moreno, del liberalismo de corte inglés, como Burke y Jovellanos (español), más respetuosos aún de las garantías individuales.

La figura de la Primera Junta, de la Junta Grande, del Primer y Segundo Triunvirato, de la Asamblea General Constituyente del año 1813, de los Directorios, y de todos los posteriores sistemas de gobierno, expresaban un deseo de esquematizar el poder y establecer la división republicana, pero la primer Constitución sancionada en nuestro país, la de 1819, poseía un carácter netamente centralista, sin salir a la luz el componente federal. Luego sucedieron luchas caudillezcas provinciales, ideales poéticos-literarios-románticos, pero con fines netamente políticos, encabezados por la llamada Generación del 37; un grupo de jóvenes con admiración hacia París e identificación rosista, ignorados por el Restaurador de las Leyes, reunidos en la Librería de Marcos Sastre, transformada con el tiempo en la Asociación de Mayo, cuyo principal exponente seria Esteban Echevarria, autor de El Matadero, La Cautiva y el Dogma Socialista. En su producción intelectual, estos jóvenes ( a la manera asociativa de la Joven Italia en Europa), expresaban la necesidad de establecer un sistema legislativo y constitucional coherente, la búsqueda de una teoría política y de una literatura nacional; su disconformidad con un régimen que parecía no abogar por la independencia de nuestra querida tierra, sino por someterla al poder ilimitado de Juan Manuel de Rosas y sus intereses, según su criterio .Era una filosofía con influencia francesa, nacionalista, cuyo otro exponente seria famoso posteriormente, Juan Bautista Alberdi.

La etapa Confederativa de Juan Manuel de Rosas, en la cual las provincias son sobernas y no autónomas como en un régimen federalista, fue la antesala de la Sanción de la constitución de 1853, con el Pacto Federal como figura principal. Rosas fue criticado por no concretar ideas de sanción inmediata de una Constitución, pero el plan democrático se realizó con Justo José de Urquiza, luego de vencer a Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros. Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, cuya autoría corresponde a Juan Bautista Alberdi, fueron los pilares de la ingeniería constitucional de nuestro país; allí se reflejan los esquemas de elección, división de poderes, representación, declaraciones, derechos y garantías, y tendencia presidencialista, que se respetan aún hasta el dia de hoy, estableciendo el voto representativo y masculino. Gobernar es poblar, decía Alberdi, por ende se debería fomentar el movimiento migratorio.

Posteriormente, se fueron suscitando gobiernos y hechos históricos, como los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, hasta la generación del 80, encabezada por Roca, llamada oligárquica, por su corte aristocrático, pero de gran proyección hacia el viejo continente, fomentando el intercambio comercial. En 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña , estableciendo el voto universal, obligatorio y secreto, con la abstención del radicalismo, en la cual triunfará Hipólito Irigoyen en 1916 como el primer presidente electo a través de esta ley.
Luego de golpes militares, es decir, atentos contra el sistema democrático por tomas del poder a la fuerza por grupos de choque, (ya sean militares, para- militares o civiles), el gobierno de Juan Domingo Perón establece el voto femenino en 1947, un gran avance en la participación de la mujer en la vida democrática, y en 1949 sancionó la constitución de corte social, inspirada en la socialdemocracia, cuyo principal exponente es Manzini, y establece el estado de bienestar. Posteriormente la libertad se ve amenazada por una serie de gobiernos de facto. Los rasgos mas característico de la democracia son la periodicidad en las funciones del gobernante, como también rotación de personas y proyectos, y publicidad de los actos de gobierno, que no se veían reflejados en los gobiernos de facto, ya que las autoridades no eran elegidas por la voluntad popular.

En 1983 retorna la democracia con el llamado a elecciones, y en 1994 se reforma la constitución, mediante una convención constituyente con muchos debates, en donde se incorpora el articulo 75 inciso 22, de reconocimiento a los tratados internacionales y jerarquía superior a las leyes, siempre que no contradigan la ley fundamental. Esto resulta un respeto al concepto de Derechos Humanos y a la dignidad de las personas que habitan nuestro suelo argentino, ya sean naturales o extranjeros naturalizados.
Como expresa Giovanni Sartori, en su obra “Elementos de la teoría política”, un limite al poder es muy importante; es el garantismo en sus dos sentidos: En Sentido Global, como la protección de la Sociedad frente al Estado, al que le pretende imponer un ámbito preciso de atribuciones, de modo de que todo aquello que no le está expresamente prohibido le está permitido. Como contrapartida, en el campo de la vida social, interindividual, todo lo que no esta expresamente prohibido le está permitido, de modo que el contenido de posibilidades de la iniciativa individual se acrecienta en la misma medida en que se reduce y delimita el campo de lo público . Desde la perspectiva de cada integrante de la sociedad, el garantismo referido se concreta en el expreso reconocimiento de derechos individuales, proclamados como naturales, y por ende, preexistentes al Estado que no hace más que reconocerlos, y sus garantías procesales. El impulso garantista no se agota, sin embargo, en un puro enunciado teórico. Reclama instrumentos precisos de realización: la Constitución debe ser en primer lugar, escrita, conocida por todos y presente en forma constante ante los ojos de los gobernantes y gobernados para recordarles a éstos sus derechos y a aquellos los límites del poder que ejercen. Debe además, estructurar el poder de modo de frenar su impulso expansivo, dividiéndolo, y debilitándolo con intrincados mecanismos de decisión y control, no dependiendo ya de su eficacia para lograr un fin común, como se concebía anteriormente, sino en la acción preventiva para el goce de las prerrogativas individuales, un mecanismo racional de ingeniería institucional, expresado mediante normas.

En este año tan controvertido de elecciones, habría que reformular el alcance del concepto democrático, no solo en cuanto a soberanía popular, sino a la libertad y respeto dentro de los partidos políticos, el motor representativo de la sociedad electora, y el fortalecimiento de la cultura jurídica y el interés cívico, para que este sistema siga subsistiendo y evolucionando, fortaleciendo los ideales constitucionales y las bases para defensa de la libertad.

*MIEMBRO DEL INSTITUTO DE DERECHO POLÍTICO E INFORMÁTICO DEL CALP, DEL INSTITUTO DE DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, FIADI JÓVENES ( EN COLABORACIÓN CON FIADI Y ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INFORMÁTICA JURÍDICA), RED IBEORAMERICANA DE DERECHO INFORMÁTICO, Y OTRAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES

"Pongamos de moda los valores"- por Marie Louise Martin-FUNDAEDU

En una entrevista al Ministro de Educación de México en un canal de TV, éste enfatizó que en la sociedad actual no se hablaba de “valores “, que no estaban de moda y que había que “ponerlos de moda” nuevamente, pues su vigencia es permanente.

Observando y reflexionando sobre nuestro país vemos que los valores sí están de moda. Se mencionan y exaltan constantemente: libertad, verdad, solidaridad, diálogo, orden. Se exigen con indignación: “justicia ”, “no a la transgresión impune de la ley “. Se insiste en incluir programas de educación en valores, en las escuelas. Se otorga un subsidio a las mujeres embarazadas, quienes simbolizan amor a la vida y repudio al asesinato premeditado del niño por nacer. Y ante perversidades o atropellos, que los ha habido y los sigue habiendo, siempre se alzan las voces y las acciones de rechazo y el reclamo de los valores relegados, para intentar de alguna forma sanear lo dañado.

A través de organizaciones o del ejemplo de hombres y mujeres valientes y sinceras, como las Madres contra el Paco o las Madres del Dolor, como las instituciones y personas que defienden la libertad de prensa o de expresión, como los padres, casi todos, que no están de acuerdo con la incongruencia de un colegio “tomado” por adolescentes y como los miles que denuncian la aberración de montar un acto con niños para escupir y destruir afiches, que nos retrotrae a la época de “a los enemigos ni justicia”, se demuestra que los valores están “ de moda” en nuestro país.

Siempre hay una voz, un gesto, que muestra que tenemos una base cultural sólida, que tiene incorporada la importancia de la responsabilidad, la verdad, el respeto, la igualdad ante la ley, la no discriminación, los derechos humanos. Es un capital que muchos argentinos poseen desde la cuna o han obtenido en la escuela y saben que lo deben cuidar y acrecentar.

La Argentina, a pesar de la abulia que a veces parece aplastarnos, cuenta con este bagaje positivo. Miles de ciudadanos que saben distinguir “ lo que está bien y lo que está mal”, los que no sólo hablan de los valores, sino que los sienten y tratan de vivirlos. Este respaldo hace más fácil y tiñe de optimismo el camino para dirigentes honestos, para ciudadanos esforzados. Pero también obliga a ser exigentes y autocríticos en las conductas, a dar el ejemplo. Y como en la parábola de los talentos preocuparse y ocuparse de los que no han tenido oportunidades y desconocen valores básicos de convivencia.

Es indudable que estos valores, que la Constitución Nacional misma sintetiza y cuya vigencia permanente garantiza, son los que permiten que se vayan construyendo redes de contención, redes que sostienen la trama social, que, a pesar de graves dificultades y barreras, se siguen creando en nuestro país. Es indudable también que hay dirigentes o ciudadanos que no están “a la moda” y que desconocen o desprecian los valores que permiten el desarrollo civilizado.

La posibilidad de elegir las personas que van a cubrir lo cargos más importantes en nuestro país, para presidente y legisladores, nos presenta una gran responsabilidad. ¿Qué valores practican, no sólo declaman, los candidatos que elegiremos? ¿Qué han demostrado, qué proponen realmente? ¿Son candidatos que están a la “moda” y seriamente practican valores democráticos?

Sepamos , los ciudadanos, elegir a los que nos “representen” de acuerdo a esos valores y comportarnos nosotros mismos de acuerdo a lo que exigimos.

"Argentina: Desafío a la frivolidad" - por Carlos I. Salvadores de Arzuaga

"Sin perjuicio de tener nuestras reservas sobre la conveniencia de haber incorporado a la Constitución Nacional de Argentina los decretos de necesidad urgencia, la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes, la observación de la realidad nos indica que los problemas argentinos no pasan por sus instituciones. La estructura constitucional como sus articulaciones pueden ser objetadas en cuanto a una técnica poco feliz utilizada en 1994, pero ello no impide un adecuado ejercicio del poder". - Leer más

"Los argentinos debemos reaccionar" - por Daniel Sabsay

"El bloqueo de las plantas impresoras de La Nacion y de Clarín constituye un nuevo y grave ataque a la libertad de prensa reconocida en nuestra Constitución y en tratados internacionales. La presencia de grupos organizados afines al oficialismo importa una verdadera escalada de la situación preexistente, ya que pocos días atrás una sentencia consideró contrarios a la ley a este tipo de hechos y ordenó a las autoridades que las impidieran en el futuro". - Leer más

"El riesgo de las palabras indiscutibles" - por Santiago Kovadloff

"En un mudo signado como el actual por la multiplicación de los medios de comunicación, la incidencia de las palabras en la formación de la opinión pública es más profunda que nunca. Si su contenido está cargado de hostilidad, si la descalificación del adversario gotea incansablemente sobre la sensibilidad de oyentes, cibernautas, lectores y televidentes, muchos serán los enardecidos que quieran terminar de una vez por todas, con el mal que se pregona. Nada más lejos de semejante extremismo que la auténtica palabra democrática. En ella, la disidencia, la severidad de la discrepancia no bordearán jamás la orilla del desprecio. La palabra democrática lo es en la medida en que busca ser equidistante de los extremos. Y eso no va jamás en desmedro de su firmeza". ( Reflexiones de la tragedia de Tucson. Arizona, EEUU). - Leer más

"La ocupación de espacios públicos" - por Guillermo V. Lascano Quintana - Leer más

"Violación al federalismo" - por Antonio M. Hernández- Leer más

"Denuncian un ataque contra la Constitución" - Diario "La Nación"- Leer más

"La Constitución es el medio más poderoso de pacificación y órden" - por Red AIDI- Leer más

 

Facultades Delagadas. "Un desenlace incierto y lleno de juicios" - por Adrián Ventura- Leer más

"Tenemos que dejar de ampararnos en la emergencia" - por Daniel Sabsay- Leer más

"Hacer a los argentinos" - por Luis Alberto Romero - Leer más

"Día de la Constitución" - por Enrique Alberto Stoller - Leer más

"¿Para qué sirve la Constitución?" - por Martín Pancallo D’Agostino - Leer más

"Más poder para la corte suprema" - por García Lema en Diario la Nación - Leer más

"Todos somos responsables de la calidad de la democracia" - por Daniel Sabsay - Leer más

Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública - por María Angélica Gelli, constitucionalista.

Reflexiones sobre el Artículo 14 de la Constitución Nacional - Leer más 

"Órganos de control: importancias y afines" - por Luis Iriarte, constitucionalista.

Una nota de actualidad que invita a reflexionar sobre alimentos y los pocos controles existentes - Leer más 

"La Constitución, esa Brújula" - por María Angélica Gelli, constitucionalista.

Un modelo de vida que rechaza poderes absolutos - Artículo publicado en Clarín - Leer más

"La Patria es un don, la Nación una tarea" - Declaración de la 155ª Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina

“Aunque a veces lo perdamos de vista, la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social” . La calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión de todos en la comunidad nacional. Por eso, es necesario que los poderes del Estado, de acuerdo a su naturaleza, actúen respetando su legítima autonomía y complementándose en el servicio al bien común." - Leer más

"Por ley o por decreto" Un poco de historia para entender un tema de gran actualidad, por Emilio Ibarlucía - Leer más

"Por acción y omisión" Artículo sobre los DNU y la división de poderes, por José Miguel Onaindia (Diario La Nación-23/01/2010) - Leer más

Duras objeciones de constitucionalistas, por Laura Capriata (Diario La Nación-08/01/2010) -

Los constitucionalistas Sabsay, Badeni, Barcesat, Gelli García Lema y Loñ dan su opinión sobre la situación generada en el Banco Central .

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No dejes de leer nuestro "Cable a Tierra" sobre el DNU.

El veto, un arma de doble filo, por Felix V. Lonigro (Diario La Nación-29/12/2009) - Leer más

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Te invitamos a leer el artículo de Alberto Ricardo Dalla Vía con motivo de cumplirse los 150 años de la firma del Pacto por la Unión Nacional, firmado en San José de Flores. Leer más

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La jornada de Pastoral Social le dio pie al cardenal Jorge Bergoglio para hablar de no homogeneizar el pensamiento y de recuperar el diálogo ante el desencuentro. Leer más

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